Reflexiones acerca del estado de la justicia penal internacional
Hoy, 17 de julio, celebramos el Día de la justicia penal internacional, una fecha aún más relevante ahora que el mundo se enfrenta a tiempos turbulentos.
Este día conmemora la histórica adopción del Estatuto de la Corte penal internacional (CPI) por parte de la comunidad internacional en una conferencia diplomática celebrada en Roma el 17 de julio de 1998.
En aquel momento se cerraba un largo camino que empezó en los instantes posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial cuando se establecieron los Tribunales Militares Internacionales de Núremberg y Tokio. Con el objetivo de evitar las terribles atrocidades del pasado, se realizaron importantes esfuerzos para hacer frente al aumento de la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Asimismo, se daba inicio a una nueva época en la lucha contra la impunidad en la que la CPI se presentaba como medio esencial para promover el respeto del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, contribuyendo con ello a la libertad, la seguridad, la justicia y el estado de derecho, así como a la prevención de los conflictos armados, la preservación de la paz y el fortalecimiento de la seguridad internacional, y al impulso de la reconciliación y la consolidación de la paz después de los conflictos con miras a conseguir una paz sostenible, de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
La Corte es un órgano independiente que no busca sustituir a los tribunales domésticos, sino que es complementaria de aquellos y solamente puede intervenir en aquellos casos excepcionales en que, por diversas razones, los Estados no pueden o no están dispuestos a juzgar a los responsables de aquellos delitos definidos nucleares del derecho internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, desde 2017, el crimen de agresión, que sin embargo está sujeto a un régimen jurisdiccional especial y restrictivo.
Hoy en día, son 124 los países partes en el Estatuto de Roma. Unos cuarenta países nunca firmaron el tratado, entre ellos China, Etiopía, India, Indonesia, Irak, Corea del Norte, Arabia Saudí y Turquía. En 2015, la CPI admitió a Palestina como miembro del tribunal pese a la fuerte oposición de Estados Unidos y sus socios. Varias docenas más firmaron el estatuto, pero sus legislaturas nunca lo ratificaron. Entre ellos figuran Egipto, Irán, Israel, Rusia, Sudán y Siria, además de Estados Unidos. En febrero de 2024, Armenia se convirtió en la última incorporación a la CPI, uniéndose oficialmente al bloque tras ratificar el Estatuto de Roma el año anterior.
Dos países se han retirado de la CPI. Burundi se retiró en 2017, tras la decisión del tribunal de investigar la represión del gobierno contra las protestas de la oposición. El presidente filipino, Rodrigo Duterte, se retiró en 2019 después de que el tribunal iniciara una investigación sobre la guerra de su gobierno contra las drogas, alegando que los tribunales nacionales son suficientes para hacer cumplir el Estado de derecho. Gambia y Sudáfrica notificaron a Naciones Unidas en 2016 su intención de abandonar el tratado, pero más tarde dieron marcha atrás ante la agitación política y los desafíos legales. Sudáfrica, en particular, ha expresado su frustración por lo que, según sus dirigentes, son intereses occidentales dominantes a la hora de aplicar el derecho internacional.
Durante los poco más de 20 años desde su puesta en funcionamiento en 2002, la CPI ha acusado a más de cincuenta personas, en su mayoría procedentes de países africanos. Veintiuna personas han sido detenidas en La Haya, diez han sido condenadas por delitos y cuatro han sido absueltas. Los gobiernos de Uganda, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Mali han remitido casos relacionados con las guerras civiles y otros conflictos que han asolado esos países.
Pese a estos avances, en repetidas ocasiones la CPI ha sido criticada por la larga duración de los procesos, las sospechas de doble moral y actuación postcolonial por centrarse exclusivamente en las situaciones del continente africano. Asimismo, desafíos estructurales relevantes, entre ellos alcanzar la universalidad, fortalecer la cooperación de los Estados, proteger la neutralidad e independencia de la Corte, y mejorar su eficiencia ante la impresionante carga de trabajo, han afectado su actuación.
Este escenario ha contribuido a socavar gravemente su legitimidad. Sin embargo, los dramáticos acontecimientos de las guerras en Ucrania y Palestina han vuelto a posicionar la justicia penal internacional en el centro del debate público.
Por un lado, la atención mundial a la rendición de cuentas en Ucrania ha dado lugar a dos importantes órdenes de detención de la CPI, incluida una contra el presidente ruso Vladimir Putin, así como a innovaciones en las formas de apoyo a los procedimientos nacionales en Ucrania y a través de otros tribunales nacionales. Por otro lado, la decisión del pasado mayo de 2024 del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de solicitar órdenes de arresto para los principales dirigentes implicados en el conflicto en Gaza, incluso el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yov Galant, han desencadenado declaraciones de apoyo a la instancia judicial internacional frente a las críticas recibidas por algunos Estados, entre ellos Estados Unidos.
A pesar de los avances, siguen existiendo muchos retos. La impunidad se ha visto favorecida por la erosión de los mecanismos nacionales e internacionales de rendición de cuentas, la persecución o criminalización de los agentes de justicia y los defensores de los derechos humanos, así como por la escasa voluntad política y leyes inadecuadas.
El sistema de justicia penal internacional ha sido subutilizado. Asimismo, se recurre demasiado poco a otras herramientas. Recordamos que la justicia internacional no se limita a la CPI. Los tribunales nacionales también pueden tomar medidas cuando los delitos se cometen en otro lugar, utilizando la “jurisdicción universal”.
En pocas palabras, los Estados Parte de la CPI no están cumpliendo su obligación principal de investigar y procesar los crímenes internacionales.
Por lo tanto, nos unimos a la conmemoración de este día internacional, haciendo un llamado a reiterar el compromiso conjunto con la justicia universal como herramienta de lucha contra la impunidad.
