El secretario general de la federación insiste en que las entidades locales se encuentran en una situación cada vez más difícil
Madrid, 8 de noviembre de 2024.- El secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, ha reiterado la urgencia de reformar el actual sistema de financiación local -un modelo que ya tiene 22 años-, y adaptarlo a las necesidades que afrontan los gobiernos locales, obligados a asumir nuevas competencias sin disponer los recursos correspondientes.
En declaraciones realizadas esta mañana, ha asegurado que de la normativa de financiación “habría que cambiar todo” y que la reclamación de un nuevo modelo “es unánime” entre todos los grupos políticos de la FEMP. Así, ha detallado las demandas de afrontar la reforma local sea abordada de manera simultánea a la de la financiación autonómica, que se consideren globalmente todos los recursos disponibles para asegurar un reparto justo entre las tres administraciones.
Los objetivos de la reforma deben incluir el respeto a los principios que la Constitución Española atribuye a los gobiernos locales: la suficiencia financiera para asumir las tareas. “Los alcaldes son los que escuchan la voz de los vecinos y no se pueden escudar en temas competenciales cuando tienen que darles una solución”, ha subrayado. En segundo lugar, se ha referido a la lealtad institucional, señalando que es imprescindible que cuando se aprueben nuevas normas que asignan más obligaciones a los ayuntamientos, esas obligaciones vengan acompañadas de los recursos para su cumplimiento, “recursos que han de venir del estado y de las comunidades autónomas”, ha insistido.
En materia de fondos europeos, ha afirmado que, tal y como están diseñados, son complicados de afrontar desde los pequeños municipios, y aunque desde las diputaciones provinciales se está prestando mucho apoyo administrativo y de gestión a estas entidades, resulta complicado para ellas. “Los procedimientos de concurrencia competitiva por los que se eligen los proyectos hacen que primen las propuestas más complejas y elaboradas por equipos técnicos de grandes ciudades”.
Otra de las reclamaciones históricas de la FEMP, ha dicho, “es la consideración del principio de ruralidad a la hora de aprobar nuevas normativas, que se tenga en cuenta la situación de los pequeños municipios, los socios más importantes de federación.” Es preciso incorporar cuestiones como la dispersión, número de habitantes, o la propia estructura administrativa cuando se elaboran estas normas, ha incidido.
Sobre la posibilidad de actuar sobre los impuestos en los pequeños municipios, Martínez-Sicluna ha asegurado que “es cada corporación” quien lo determina, porque las realidades son muy diversas. “En cualquier caso, la capacidad de estos municipios para obtener ingresos de sus tributos propios es mucho menor que la capacidad para recaudar de los grandes municipios. Por eso es tan importante que la participación en los ingresos del Estado tenga una consideración especial hacia los pequeños municipios que compense también su baja capacidad de recaudar ingresos”. En este punto, el secretario general también ha reivindicado para los gobiernos locales el incremento de su participación en los ingresos de las comunidades autónomas.
A su juicio todas estas cuestiones son relevantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Un sistema adecuado de financiación local “supone que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios e inversiones similares, sin importar que vivan en un pequeño municipio o en una gran ciudad.
Estamos hablando de una cuestión de derechos fundamentales”, y ha añadido que “si queremos luchar contra la despoblación tenemos que ofrecer a las personas que quieran vivir en estos pueblos oportunidades e igualdad de derechos en el acceso a servicios e inversiones” que pueden encontrar en las ciudades.
