Tema
Los países latinoamericanos atraviesan un periodo de fuerte aumento de la inseguridad y la violencia que responde a causas estructurales e históricas y a un incremento de la presencia del crimen organizado y el narcotráfico.
Resumen
Las democracias latinoamericanas afrontan un doble reto, donde se juegan su legitimidad y supervivencia a medio plazo: el estancamiento económico (que entra en su undécimo año) y el incremento de la inseguridad ciudadana (tanto de victimización como de percepción). Ambas dinámicas alimentan la frustración de la población y su desconfianza hacia las instituciones inefectivas y cooptadas por el crimen organizado. La inseguridad ciudadana, que hunde sus raíces en las transiciones a la democracia de los años 80, aumentó en los últimos 25 años por el crecimiento del poder económico y de fuego del crimen organizado y los cárteles del narcotráfico que han dado un salto cualitativo en los niveles de violencia y han aumentado su presencia regional y su capacidad de penetración en las instituciones. Este fracaso se debe a que un problema de carácter estructural, multilateral y regional se ha abordado solo con una visión nacional y de manera no integral.
Análisis
En 2010, Marta Lagos, directora del Latinobarómetro, señaló que sólo un 16% de los latinoamericanos pensaba que la seguridad era buena en sus respectivos países. Desde entonces, la inseguridad ha seguido presente y expandiéndose en la región, siendo un problema estructural y con profundas raíces históricas.
Desde el final de las dictaduras de los años 80, la inseguridad ciudadana es un incómodo compañero de viaje. Entonces, la población empezaba a manifestar su preocupación por los niveles de inseguridad, que ya era un problema regional, si bien las cifras eran reducidas comparadas con las actuales. En el siglo XXI su alta incidencia obligó a El Salvador a iniciar políticas de mano dura y “súper mano dura”. En 2007, en Guatemala competían electoralmente dos modelos contra la inseguridad: la mano blanda de Álvaro Colom y la dura de Otto Pérez Molina. Lejos de América Central, en Argentina, Juan Carlos Blumberg, padre de Axel Blumberg –un joven secuestrado y asesinado–, encabezó en 2004 grandes manifestaciones que canalizaron la repulsa y el hartazgo ciudadano ante la creciente inseguridad.
Desde hace medio siglo no sólo es un tema recurrente, sino también un reto estructural vinculado a problemas sociales (pobreza, desigualdad y falta de expectativas), económicos (mercados que no canalizan las demandas laborales), institucionales (debilidad de Estados incapaces de controlar el territorio) y de gobernabilidad urbana por falta de infraestructuras. Hoy, la inseguridad es uno de los tres graves problemas latinoamericanos junto a la existencia de Estados ineficientes, algunos cooptados por la corrupción, y economías estancadas. Las tres dinámicas se retroalimentan y socavan la institucionalidad democrática. Más del 76% de la población, según el Latinobarómetro, teme ser víctima de un delito, en una región que alberga sólo el 8% de la población, pero sufre un tercio de los homicidios mundiales y donde están 40 de las 50 ciudades con más asesinatos. La tasa de homicidios es tres veces superior al promedio mundial (18 versus 5,6 por 100.000 habitantes) y donde el 50% de los homicidios se asocia al crimen organizado, en comparación al 24% del resto del mundo. América Latina tiene la tasa de homicidios más alta: 15 muertes por 100.000 habitantes, por delante de África (12,7) y lejos de Oceanía (2,9) y Asia (2,3).
Figura 1. La inseguridad en América Latina
| Item | América Latina | Media mundial |
|---|---|---|
| Sensación de inseguridad | 76% | 6 de cada 7 |
| Tasa de Homicidios | 18 por 100.000 habitantes (15%) | 5,6 |
| Homicidios y crimen organizado | 50% de los homicidios se asocia al crimen organizado | 24% de los homicidios se asocia al crimen organizado |
La sensación de inseguridad se ha expandido y, pese a que las cifras son heterogéneas, todos los países comparten dicha sensación. Existen casos exitosos como los de Ciudad de Guatemala, Bogotá, São Paulo y Tampico, donde los índices han bajado significativamente utilizando métodos diferentes a la mano dura de Bukele y han apostado por el fortalecimiento institucional y de policías de cercanía. Incluso, en los casos exitosos, Uruguay y Chile, la inseguridad domina la atención y la preocupación de la opinión pública, los debates políticos y las campañas electorales. Con 11,2 homicidios cada 100.000 habitantes, la situación de Uruguay es de las mejores de América Latina, pero duplica el promedio mundial y se aleja de la tasa de Chile –6,3 por 100.000–. Según las encuestas, el 43% de los uruguayos considera que la seguridad es el principal problema que padecen por encima del empleo (29%) y la situación económica (23%). Para seis de cada 10 encuestados, Uruguay es un país “inseguro” o “muy inseguro”. El índice de victimización, la proporción de hogares que padeció algún tipo de asalto (en casa o fuera de ella) en los últimos 12 meses, es del 29% y la tasa de homicidios creció casi un 40% en la última década.
En Chile hay una relación inversamente proporcional entre la tasa de victimización y la percepción de inseguridad. Mientras la primera pasó del 25,4% al 16,9%, la segunda aumentó de 76,8% a 86,9%. La Fundación Paz Ciudadana señaló que, con cifras de victimización similares a 2018 (36,6% y 36,4%,), el temor al delito es casi el triple que hace cinco años (pasó del 10,4% al 30,5%). Prueba de la magnitud del reto es que el gobierno de Gabriel Boric, poco dado a medidas de corte punitivo y policial, ante la presión y malestar ciudadano por el incremento de los delitos lanzó en 2024 un plan para crear la Unidad de Acción y Seguridad para la Región Metropolitana, reforzar las cárceles de alta seguridad, construir una nueva y una Fuerza especial en Gendarmería. Además, las elecciones locales y regionales han girado en torno a la seguridad, como probablemente lo harán las presidenciales de 2025.
Los gobiernos, más allá de su ideología, ponen en marcha planes contra la inseguridad. El brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recuperó al inicio de su mandato el programa que impulsó en sus dos periodos anteriores (2003-2010), para reducir la violencia y aumentar la presencia del Estado en las periferias urbanas. Para Lula, en el lanzamiento del Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía (Pronasci II), la sociedad no sólo necesita más policías sino también más Estado para intervenir en la calidad de la educación, el transporte y la salud.
La inseguridad es un problema integral que afecta a numerosos ámbitos estatales y personales. La elevada inseguridad golpea la economía y la institucionalidad política. En su vertiente económica, con un doble efecto negativo: desincentiva las inversiones y aumenta los gastos, profundizando los problemas de unas economías que se expanden menos de lo necesario para absorber las demandas sociales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha alertado sobre la posibilidad de que la región entre en su tercera década negativa, tras la de los años 80 y la de 2014-2023, cuando el PIB per cápita creció sólo un 0,9%.
La inseguridad tiene otras consecuencias económicas. Según un informe de 2024 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), la región, con un peso demográfico global del 8%, tiene un tercio de los homicidios mundiales. El gasto público para combatir el crimen oscila entre el 3 y el 3,5% del PIB en 17 países de la región. El FMI señala que reducir la tasa de homicidios en América Latina al promedio mundial (en un 60%) aumentaría el crecimiento anual en un 0,5%. Ello porque los costes directos de la delincuencia alcanzan el 3,4% del PIB latinoamericano, un 78% del presupuesto de educación, el doble de lo destinado a asistencia social y 12 veces el gasto en investigación y desarrollo.
El carácter estructural de la inseguridad tiene consecuencias directas sobre la política y la institucionalidad. Mina la democracia y la legitimidad de Estados incapaces de garantizar el monopolio de la violencia, que no protegen a su población. Esta es una de las razones de porqué se ha reducido el apoyo a la democracia desde un 63% hace una década al actual 48%. Simultáneamente, como señala el Latinobarómetro, entre 2020 y 2023 ha crecido el apoyo a gobiernos autoritarios en casi cuatro puntos, llegando al 17%. Kevin Casas-Zamora señala que la consolidación del Estado de derecho hace agua frente al crimen organizado y la proliferación de la violencia, siendo el riesgo más importante para la democracia. Su presencia distorsiona el funcionamiento del sistema político, en tanto intenta cooptar las instituciones, mientras la violencia es el caldo de cultivo de actitudes autoritarias, que atentan contra los derechos humanos en su intento de mitigar la ansiedad social sobre la seguridad personal. Por eso, la interacción entre seguridad ciudadana y democracia deba ser prioritaria.
La creciente inseguridad estructural, con profundas raíces históricas, aumentó durante el siglo XXI gracias al crimen organizado transnacional que actúa a escala regional y ha penetrado en todos los países, cooptando el poder político, especialmente el local, con alianzas y enfrentamientos con grupos y bandas criminales locales. El crimen organizado, vinculado sobre todo, pero no sólo, al narcotráfico, ha alimentado la inseguridad con un mayor grado de violencia. Las bandas han ganado capacidad de reacción, medios, e ingresos a partir de sus alianzas con carteles mexicanos, brasileños y colombianos. El Diálogo Interamericano señala que el incremento regional de la violencia se debe al crimen organizado, pasándose de robos a pequeña escala a algo más serio en intensidad violenta.
El continente ha retrocedido en el Índice Global de Crimen Organizado, con una subida de los delitos en la mayoría de los países, un promedio cercano a África y cada vez más próximo a Asia. Hay tres países, Colombia, México y Paraguay, entre los cinco peores del mundo, mientras Ecuador pasa del octavo al cuarto lugar:
Figura 2. Índice Global de Crimen Organizado
| 2023 | 2021 |
|---|---|
| 1. Colombia: 7,75 (+0,09) | 1. México: 7,57 |
| 2. México: 7,57 (=) | 2. Colombia: 7,62 |
| 3. Paraguay: 7,52 (+0,82) | 3. Honduras: 6,97 |
| 4. Ecuador: 7,07 (+0,82) | 4. Paraguay: 6,70 |
| 5. Honduras: 7,05 (+0,08) | 5. Panamá: 6,67 |
| 6. Panamá: 6,98 (+0,31) | 6. Brasil: 6,50 |
| 7. Brasil: 6,77 (+0,27) | 7. Venezuela: 6,64 |
| 8. Venezuela: 6,72 (+0,08) | 8. Ecuador: 6,25 |
| 9. Guatemala: 6,60 (+0,13) | 9. Guatemala: 6,47 |
| 10. Perú: 6,40 (+0,05) | 10. Perú: 6,35 |
América Central tiene la puntuación media de criminalidad más elevada –6,28– seguida por América del Sur, con 5,94. El Índice 2023 destaca el predominio latinoamericano en el tráfico mundial de cocaína, manteniéndose como principal productor. Colombia, pero también Brasil, México, Venezuela y Perú, tiene un papel fundamental.
Varios factores han contribuido al aumento regional del crimen organizado. Primero, la producción de drogas ha alcanzado niveles sin precedentes, mientras aparecían nuevas rutas en Paraguay, Costa Rica y Argentina, así como nuevos mercados de consumo. Durante más de 40 años, la región ha sido clave para la producción y circulación de drogas ilícitas. Colombia, Perú y Bolivia son los productores de cocaína más importantes del mundo y Venezuela, Ecuador, América Central, Colombia y México son centros estratégicos de exportación hacia Europa y Estados Unidos (EEUU).
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la producción mundial alcanzó un récord de 1.982 toneladas en 2020, un 11% superior a la de 2019 y casi el doble que en 2014. Desde 2021, se han superado las 2.500 toneladas. La producción ha crecido por un aumento de la demanda y también el precio y las ganancias. Un kilo de cocaína comprado en Colombia ronda los 3.000 dólares, 20.000 en EEUU y 80.000 en Europa. El perfil del consumidor se ha diversificado. Si bien EEUU sigue siendo el principal mercado, con cerca del 30% de los consumidores globales, en América Latina y el Caribe hay tantos consumidores (24% del total) como en Europa. Asia (11%) y África (9%) también han aumentado la demanda.
En las últimas décadas, el crimen organizado ha diversificado su negocio en distintos mercados ilícitos. Ahora opera en tráfico de personas y órganos, minería ilegal, extorsión, tala y producción de drogas sintéticas como el fentanilo. Las drogas sintéticas son uno de los mayores riesgos de futuro, capaces de cambiar la relación América Latina-Europa: las metanfetaminas mexicanas se dirigen a la región Asia-Pacífico, se añade fentanilo a los estimulantes en América del Sur hacia EEUU y el éxtasis va de Europa al Cono Sur. La corrupción ha facilitado la proliferación de estos mercados ilícitos, no limitados al narcotráfico. Esa diversificación ha provocado, por ejemplo, que en Perú las bandas y el crimen organizado se dediquen a la extorsión de camioneros, que han protagonizado dos paros nacionales reivindicando a las autoridades mayor protección.
El tráfico de armas ha favorecido su expansión. El desvío y el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras es responsable del 60% de los homicidios. La mayoría de los países tiene estrictas regulaciones para su posesión, aunque circulan millones de ellas. En 2018, había 60 millones de armas de fuego en manos civiles, tanto de propiedad legal como ilegal. Una de las principales fuentes del tráfico es EEUU; México compra anualmente más de 200.000 armas. Los millones de armas ilegales en circulación han permitido expandir la actividad de las organizaciones criminales, gracias a una mayor potencia de fuego e intimidación.
El perfil del crimen organizado es diferente al de los años 90. Se caracteriza por su alta fragmentación, su diversificación en cuanto a mercados, rutas y productos, y su presencia en toda la región:
- La fragmentación los hace más flexibles y agresivos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Informe Mundial sobre la Cocaína 2023, afirma que existe una “miríada de redes de tráfico”. Los cárteles ya no controlan todos los eslabones de la cadena de la actividad criminal y todos dependen de otros grupos criminales. Muchas organizaciones, como el brasileño Primer Comando de la Capital (PCC), el mexicano Cártel de Sinaloa y el venezolano Tren de Aragua se han expandido por América Latina, apoyados en una especie de “subcontratación criminal” estableciendo alianzas con grupos y bandas locales.
- Los cárteles se han diversificado, aunque el narcotráfico sigue siendo el eje del negocio. Ha crecido el tráfico de personas y armas, la prostitución, las drogas sintéticas, la falsificación de medicamentos, el sicariato y la minería ilegal. Junto a las grandes organizaciones, hay otras en ascenso o que han consolidado su control territorial. En Venezuela, una mezcla de Estado fallido y narcoestado, destaca el Tren de Aragua, que se ha expandido por todo el hemisferio, desde Chile hasta EEUU. Nacido en las cárceles en los años 2000, cuando comenzó con el tráfico de drogas, armas y robo de vehículos en el estado Aragua. Hoy está presente en Perú, Colombia y Chile, con extorsión a comerciantes y ajustes de cuentas. El Tren de Aragua demuestra, como ya lo hizo el PCC, que las cárceles no sólo son una escuela para delincuentes, sino que, ante la ausencia del Estado, se han transformado en centros desde donde los capos dirigen sus negocios. Son zonas fallidas dentro del Estado. En Colombia, la decadencia de los cárteles de Medellín y Cali y posteriormente la desaparición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), permitió el ascenso del Clan del Golfo y otras bandas emergentes y bandas criminales (BACRIM).
- Estos nuevos escenarios han afectado a países que hasta ahora habían eludido el incremento de la inseguridad y el narcotráfico. Ecuador pasó de ser un país de tránsito a centro de distribución, almacenamiento y procesamiento de drogas. En 2023, batió su récord histórico de homicidios con 7.878 (en 2019 sólo hubo 1.187) lo que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar el “conflicto armado interno”. Los cárteles buscan rutas alternativas mientras se alían con pandillas locales como Los Lobos o Los Choneros. Como muestra la Figura 3, otros países como Costa Rica y Chile, sin llegar a las cifras ecuatorianas, han visto deteriorarse su seguridad. En Costa Rica, los homicidios alcanzaron un récord de 17 por 100.000 habitantes, cuando hace tres años eran 11.
Figura 3. Homicidios en América Latina
