El Juzgado Contencioso Administrativo número 10 de Barcelona, tras recurso presentado por ACOM – Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, ha anulado (sentencia 331/2024, de 21 de noviembre) por no ajustarse a derecho la declaración institucional que el Pleno municipal del Ayuntamiento de Barcelona aprobó en noviembre de 2023.
Dicha declaración incluía la ruptura de relaciones institucionales con Israel, y también contemplaba la introducción de cláusulas contractuales discriminatorias contra instituciones, empresas y organizaciones israelíes (y por extensión, cualquiera que no comparta los postulados políticos sobre el conflicto árabe – israelí que impongan los grupos que aprobaron la resolución).
La medida fue propuesta por Barcelona en Comú, y apoyada por el PSC y Esquerra Republicana.
Acción y Comunicación sobre Oriente Medio – ACOM, tras acuerdo de su Asamblea General Extraordinaria, con fecha 16 de enero, inició acciones legales contra los acuerdos aprobados por el Ayuntamiento de Barcelona (y contra los actos y resoluciones administrativas que de ellos derivasen). Ahora la justicia estima nuestro recurso contencioso administrativo núm. 28/2024-M contra dicha declaración, anulándola por no resultar la misma ajustada a Derecho.
La sentencia judicial es absolutamente demoledora: entre otros aspectos abiertamente discriminatorios contenidos en dicho acuerdo, contrarios a la Constitución española, el juzgado de lo contencioso-administrativo considera que no se trata sólo “de meras declaraciones de intenciones o simples aseveraciones”, sino de un acuerdo “con efectos jurídicos”. En este sentido, subraya que el acuerdo «produce una desigualdad de trato» que carece de justificación (“estamos, pues, ante una discriminación que no se basa en criterios objetivos y razonables, lo que produce vulneración del principio de igualdad del art. 14 de la CE»), y que el Ayuntamiento excede sus competencias e invade atribuciones que no le competen.
También infringe, indica la resolución judicial, los principios de objetividad y neutralidad ideológica que deben regir la actuación de los poderes públicos.
Gracias a la iniciativa legal de ACOM, grupo de referencia de la sociedad civil española que lucha contra la discriminación antisemita y el hostigamiento contra el único estado judío, 88 acuerdos institucionales han sido anulados hasta la fecha, 10 de ellos refrendados por Tribunales Superiores de Justicia a lo largo y ancho del país y lo más importante, por el propio Tribunal Supremo. Todas las sentencias han incidido en la inconstitucionalidad e ilegalidad de unas medidas excluyentes que vulneran el marco común de convivencia.
Frente a la intolerancia, frente al antisemitismo, no vamos a detenernos nunca.
