Tema
Se analizan los previsibles cambios en la política energética y climática de Estados Unidos tras la victoria de Trump en las elecciones presidenciales, así como sus principales implicaciones internacionales.
Resumen
La segunda Administración Trump se centrará en apoyar al sector de los hidrocarburos y relajar las regulaciones ambientales, podría acotar las ayudas de la Inflation Reduction Act (IRA) a las tecnologías renovables maduras y previsiblemente reimpondrá sanciones y restricciones comerciales a sus principales rivales geopolíticos. Se espera que Estados Unidos (EEUU) abandone de nuevo el Acuerdo de París, asestando otro golpe a la diplomacia climática y al modelo de gobernanza multilateral.
Análisis
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca tiene importantes repercusiones para la política energética y climática de EEUU, como ya las tuvo su primer mandato, y supone una clara ruptura con la administración demócrata saliente. En política energética se espera un fuerte apoyo al sector de los hidrocarburos, reduciendo la regulación ambiental y facilitando la exploración y producción en tierras federales. El despliegue de las tecnologías renovables menos maduras podría verse limitado si se reducen las ayudas derivadas de la IRA, aunque el escenario central es de continuidad para la eólica terrestre y la energía solar fotovoltaica. No se prevén grandes cambios en la política nuclear, pero sí en la de infraestructuras: la nueva administración favorecerá nuevos oleoductos y gasoductos postergados por los demócratas y no será tan proactiva en fomentar el desarrollo de las redes eléctricas.
Es previsible una política exterior que apueste por las sanciones económicas y las restricciones comerciales unilaterales. Una segunda Administración Trump probablemente retome la presión sobre el sector petrolero iraní, y quizás sobre el venezolano, mientras que el futuro de las sanciones al sector energético ruso es más incierto y dependerá de las negociaciones sobre la guerra de Ucrania. La posible guerra comercial con China podría tener de nuevo ramificaciones para el comercio energético, fragmentando tanto el mercado de hidrocarburos como el de materias primas críticas y tecnología. Se descuenta la revisión del Tratado con México y Canadá (T-MEC) para responder a los cambios legislativos que han afectado a las empresas energéticas estadounidenses
En materia de clima no hay ambigüedades: la elección de Donald Trump es una mala noticia para la política climática estadounidense y para las negociaciones climáticas internacionales. El dominio energético incluye la sumisión del clima, que en el mejor de los casos pasa a ser un objetivo de segundo orden. La previsible salida de EEUU del Acuerdo de París supone un duro golpe para el modelo de gobernanza climática multilateral. Lo más preocupante es el posible efecto dominó que pueda tener una política exterior de Trump centrada en torpedear la diplomacia climática y la difusión de las políticas necesarias para cumplir con los compromisos de descarbonización. La relajación de las regulaciones ambientales y el fomento de los combustibles fósiles también tendrán efectos negativos sobre las emisiones de EEUU.
1. Gas y petróleo, nuevo eje de la política energética
Trump ha prometido adoptar políticas favorables hacia la industria del gas y el petróleo, como ya hizo durante su anterior administración, con el objetivo de reducir los precios de la energía y alcanzar lo que denomina “dominancia energética” (energy dominance). La elección de Chris Wright para dirigir el Departamento de Energía (DoE) confirma la prioridad otorgada a esta promesa. Wright es un empresario forjado en la denominada revolución del fracking, partidario de aumentar al máximo la producción de gas y petróleo estadounidense y de incrementar la generación eléctrica con gas natural. Hace unos meses, su empresa Liberty Energy publicó un informe, “Bettering Human Lives”, donde el desarrollo de los recursos fósiles se presenta como la forma más efectiva de mejorar el nivel de vida no sólo de los estadounidenses, sino de todo el mundo y especialmente de los más pobres: según el informe “el objetivo de Cero Pobreza Energética es superior al de Cero Emisiones Netas”.
Pese a la retórica sobre la independencia energética, lo cierto es que la producción estadounidense está determinada principalmente por el precio que marcan los mercados internacionales. De hecho, la producción ha alcanzado sus máximos bajo la presidencia Biden. Según las diferentes estimaciones, los productores estadounidenses necesitan en promedio de entre 45 y 65 dólares por barril para obtener rentabilidad de un nuevo pozo, no muy por debajo en algunos casos del rango de precios de 67-88 dólares en 2024 del barril de WTI, de referencia en EEUU. Los precios previstos para los próximos años se sitúan alrededor de los niveles de las últimas semanas, en el entorno de los 70 dólares en 2025 y algo por debajo en 2026. En los últimos años, el sector petrolero estadounidense ha experimentado un intenso proceso de reestructuración y consolidación que parece favorecer una estrategia de maximización de beneficios frente a una de crecimiento. En ese contexto de mercado, la producción estadounidense puede seguir creciendo al ritmo más pausado del último año, pero un gran auge petrolero necesitaría precios sustancialmente más altos. Por el contrario, la producción estadounidense se resentiría si los precios se situaran muy por debajo de los niveles actuales; por ejemplo, por un aumento de producción de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo plus (OPEP+) o por mayores crecimientos de lo esperado en la producción de Brasil, Canadá, Guyana y Argentina.
Un área en la que la Administración Trump podría ejercer influencia directa es la producción de hidrocarburos en tierras federales, revirtiendo ciertas políticas del Partido Demócrata, aunque su efecto en la producción sólo se materializaría a medio plazo. En 2023, la producción de petróleo en estos territorios representó un 12% del total, alcanzando el 26% si se incluyen las actividades offshore. La Administración Biden redujo las concesiones federales y aumentó sus regalías y los requisitos para la producción, reduciendo sustancialmente el número de licencias otorgadas. La nueva presidencia Trump podría revertir estas medidas, otorgar un mayor número de concesiones y facilitar la explotación de hidrocarburos en el Ártico.
Una mayor producción de petróleo implicaría un aumento en paralelo de la de gas natural mediante la producción asociada, pues una parte importante de la extracción de petróleo se produce en campos que también contienen gas. Trump ha prometido más certidumbre regulatoria a la industria gasista y facilitar la construcción de gasoductos para aliviar los cuellos de botella que limitan el funcionamiento del mercado del gas natural del país, especialmente en la cuenca Pérmica, la mayor zona productora de EEUU.
Un tema de especial relevancia para España y la Unión Europea (UE) es la promesa de Trump de eliminar la moratoria de la Administración Biden para aprobar nuevos proyectos de terminales de exportación de gas natural licuado (GNL) y relajar sus exigencias de impacto ambiental. Pese a la moratoria, se prevé que para 2030 EEUU duplique su capacidad exportadora de GNL, por lo que teniendo en cuenta el tiempo necesario para construirlas esto no tendría efectos a corto ni medio plazo. Durante su primer mandato, Trump fomentó las exportaciones de GNL estadounidenses y las empleó como instrumento de negociación para obtener ventajas comerciales. Esto podría tener importantes implicaciones geopolíticas si, tal y como ha sugerido recientemente von der Leyen, favorece la firma de nuevos contratos de suministro a largo plazo con el objetivo de neutralizar posibles represalias comerciales. Qatar y EEUU cuentan con ambiciosos planes de expansión de su capacidad exportadora, pero todavía carecen de los compradores a largo plazo necesarios para financiar los proyectos. Pese a los mayores costes de producción del GNL estadounidense, una diplomacia comercial activa de la nueva Administración Trump podría favorecer el sector gasista en el mercado internacional en detrimento de otros exportadores emergentes.
Tal vez el mensaje más relevante de la Administración Trump al sector del gas y el petróleo nacional sea que los próximos cuatro años serán tranquilos en materia de regulación ambiental. Washington pospone así el debate sobre el futuro papel de los hidrocarburos en su economía, en particular del fracking, en un mundo que camina hacia políticas climáticas y de descarbonización ambiciosas.
2. Dudas en el sector eléctrico
El principal objetivo de las propuestas en campaña de Trump para el sector eléctrico fue que EEUU tenga los precios de la electricidad “más bajos de la tierra”, básicamente gracias a la desregulación del sector del gas y la rápida autorización de gasoductos. También ha vuelto a prometer recuperar las centrales de carbón, como ya hizo antes de alcanzar su primera presidencia. Sin embargo, la creciente competitividad de las renovables y el aumento de la producción de gas natural desplazaron el carbón por pura lógica de mercado. En la actualidad, la competitividad de ambas fuentes ha aumentado frente al carbón, por lo que resulta previsible que su rescate vuelva a quedar en el campo de la retórica electoralista.
La única fuente descarbonizada de electricidad para la cual el programa del presidente electo mantiene la continuidad con la Administración Biden es la energía nuclear. Según las propuestas energéticas de su plataforma Agenda 47, el presidente Trump mantendrá abiertas todas las plantas existentes e invertirá en reactores modulares (SMR), como hizo la administración precedente. Sí se ha comprometido a modernizar la Comisión Reguladora Nuclear y a facilitar una senda clara para la comercialización de las nuevas generaciones de reactores nucleares. También ha prometido reducir la dependencia del combustible nuclear extranjero aumentando la extracción minera estadounidense y obteniendo una mayor cantidad de combustible nuclear a partir del desarrollo de las capacidades de procesamiento nacionales.
En cambio, ha prometido acabar con el apoyo a las restantes tecnologías energéticas descarbonizadas. Ese rechazo no se limita a las renovables, a las que ha calificado directamente de estafa verde (new green hoax). También considera la captura y secuestro de carbono y el “blending del hidrógeno tecnologías no probadas”, algo en lo que no le falta razón, pero que la Administración Biden apoyó para acelerar su viabilidad económica, incluyendo abundantes créditos fiscales de la IRA para proyectos de captura y de hidrógeno. El foco de sus críticas ha sido la energía eólica, a la que ha prometido retirar los “subsidios” (léase los créditos fiscales de la IRA), pero también considera la solar demasiado cara; ambas le parecen insuficientes para soportar un sistema eléctrico estadounidense por su intermitencia y “baja generación de electricidad” en comparación con las tecnologías fósiles y nucleares.
Precisamente, la IRA y la Infrastructure Act limitarán el efecto de la Administración Trump, pues especialmente la primera ha beneficiado en mayor medida a los estados republicanos que a los demócratas. Algo más de la mitad de sus fondos se han destinado a estados republicanos que han dado a Trump amplias mayorías, apenas el 15% se destinó a estados asegurados para los demócratas y el resto se repartió entre estados indecisos. Aunque el presidente electo se ha asegurado sendas mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado, algunos representantes republicanos de los estados más beneficiados por la IRA pueden oponerse a su retirada.
El segundo mandato de Trump puede suponer cambios regulatorios mucho más profundos que el primero para el sector eléctrico, tanto por su gran mayoría en el Congreso como por la experiencia acumulada. No obstante, gran parte de la regulación que afecta a las instalaciones renovables es responsabilidad de los estados, con la salvedad de los proyectos de eólica marina, cuyo desarrollo Trump ha prometido paralizar. Es previsible que el despliegue de las tecnologías renovables más maduras persista y se mantenga impulsada por la lógica del mercado, pero la volatilidad de las políticas renovables puede desalentar el desarrollo de las tecnologías limpias más incipientes, particularmente en aquellos sectores que dependan de subsidios federales.
Un mayor freno a las renovables puede ser la paralización de las inversiones en redes eléctricas para acomodar nueva generación eólica y solar. La Administración Biden aprobó la Orden 1920, el mayor esfuerzo federal reciente para favorecer el desarrollo de redes regionales y paliar la escasa capacidad de transmisión de larga distancia entre estados, carencia que ha ocasionado varias emergencias eléctricas en Texas y otros estados del este. Los republicanos se han opuesto a la construcción de estas infraestructuras con el argumento de que sería mejor dedicar esas inversiones a gasoductos y oleoductos. También se prevé que la administración entrante revoque el mandato otorgado por el Congreso a la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) para apoyar la transición energética.
3. Sanciones y restricciones sobre Rusia, Irán, Venezuela y China
Hay mucha incertidumbre sobre la política exterior de la nueva Administración Trump hacia actores energéticos como Rusia, Irán, China y Venezuela. Las sanciones, una herramienta que ya utilizó con profusión durante su primer mandato, podrían volver a tomar protagonismo en el contexto de una política exterior marcadamente unilateral. Tal vez, lo más importante será la postura que adopte ante Rusia e Irán, y cómo piensa articularla con su promesa de no contribuir a nuevos esfuerzos bélicos y continuar con el repliegue aislacionista de su primer mandato. Tanto el crudo ruso como el iraní tienen en China su principal mercado, por lo que una estrategia de presión sobre estas transacciones encajaría en una política exterior orientada a contener el ascenso de Pekín. Como efecto colateral de una posible guerra comercial, podrían verse afectadas las exportaciones estadounidenses de gas y petróleo a China, como ya sucedió en su anterior presidencia, así como producirse nuevas restricciones en las exportaciones chinas de minerales críticos. Para España revisten especial interés el enfoque que adopte con Venezuela y el resultado de la revisión del acuerdo de libre comercio con México y Canadá.
Trump ha prometido poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero no está claro cómo pretende hacerlo. En caso de lograrlo, reduciría la prima de riesgo geopolítico que incorporan los precios del gas y el petróleo desde 2022, pero su efecto en los mercados dependería de las medidas concretas adoptadas. Una relajación de las sanciones energéticas sobre Rusia tendría unas repercusiones limitadas. La UE, mercado energético natural ruso, no aceptaría (ni podría) volver a depender de los suministros rusos en la medida en que lo hacía antes de la invasión de Ucrania. Las importaciones europeas de gas y petróleo rusos han caído con fuerza y, en línea con los objetivos establecidos en REPowerEU, deberían cesar totalmente en 2027. Además, los exportadores estadounidenses de gas y petróleo se han beneficiado del desacoplamiento europeo de Rusia al suplir buena parte de los suministros rusos, por lo que la lógica mercantilista que parece guiar al presidente electo debería mantener la presión sobre el sector energético ruso.
Trump también ha mostrado su oposición al mecanismo de techo de precios de 60 dólares por barril a las ventas de petróleo ruso impuesto por el G7. El mecanismo ha resultado ineficaz por el recurso de Rusia a su flota fantasma, con los consiguientes riesgos ambientales, y por las importaciones continuadas de China, la India y otros importadores que en ocasiones reexportan el crudo ruso, por lo que su desmantelamiento no surtiría grandes efectos. Tampoco está claro que facilitase el regreso a una cadena logística más transparente y con menores riesgos ambientales: una vez creada, la flota fantasma tiene pocos incentivos para desmantelarse. Las numerosas sanciones al sector energético ruso están teniendo un impacto profundo sobre su capacidad de producción a medio y largo plazo, lo que parece alineado con la doctrina de la dominancia energética estadounidense.
Su actitud hacia Irán es la otra gran incertidumbre geopolítica de los mercados energéticos. Trump apoyó abiertamente a Israel en su primer mandato y se ha reafirmado claramente en esa posición durante la campaña. También ha prometido, sin explicar cómo, llevar la paz a Oriente Medio, lo que reduciría la prima de riesgo geopolítico de los mercados energéticos. Lo esperado es que aumente las sanci
