En 2025 se cumplen 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la igualdad de las mujeres no se ha conseguido. A pesar de los grandes avances, ningún país ha logrado la igualdad de género. Actualmente hay un retroceso y un estancamiento generalizados.
De hecho, al ritmo actual de progreso, el mundo está a 300 años de alcanzar la igualdad de género.
Este año es otra oportunidad para hacer que los gobiernos rindan cuentas y presionar por un mundo justo para todas las mujeres y niñas. ¿Por qué el momento es ahora? Aquí te damos algunas claves.
¿Qué es la CSW Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer?
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) es el principal órgano intergubernamental mundial dedicado a la promoción de la igualdad de género y al empoderamiento de la mujer. Desde el 10 al 21 de marzo se están reuniendo en Nueva York, representantes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y entidades de las Naciones Unidas para debatir los progresos realizados y comprometerse a tomar nuevas medidas y seguir avanzando.
¿Qué es Beijing +30?
Acordada por 189 gobiernos en 1995, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es el plan más amplio y visionario del mundo jamás creado para lograr la igualdad de derechos de todas las mujeres y niñas. Se centra en 12 áreas de acción, denominadas «áreas críticas de preocupación», que abarcan desde el empleo y la economía, la participación política, la paz, el medio ambiente, a la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Los derechos y los cuerpos de las mujeres y las niñas están siendo violados en todo el mundo. Los gobiernos no pueden seguir retrocediendo en sus compromisos de lograr los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
¿Qué está pasando con los derechos de las mujeres?
El sistema económico actual infravalora y explota el trabajo de cuidados remunerado y no remunerado de las mujeres. Los insuficientes servicios públicos y la deuda injusta impuesta por las instituciones financieras internacionales; también aumenta la exposición de las mujeres y las niñas a la violencia de género.
La privatización, la liberalización, la desregulación, los flujos financieros ilícitos y la evasión fiscal afectan gravemente a las mujeres y sus comunidades, incluidas las defensoras de los derechos humanos que se levantan contra las acciones del Estado y las empresas que violan los derechos y dañan el medioambiente.
La crisis climática tiene efectos desproporcionados en las mujeres y las niñas. Desplazamiento, pérdida de medios de subsistencia, aumento de la carga de los cuidados, trabajo forzoso, matrimonio forzado, servidumbre, violencia sexual y explotación.
Por eso, junto con los movimientos feministas y las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, reclamamos alternativas feministas que prioricen el bienestar, el trabajo decente y digno y la justicia climática.
¿Qué pedimos?
- Es hora de que los gobiernos de todo el mundo para que cumplan los compromisos con la igualdad de género que han asumido en los últimos 30 años, así como para que establezcan mecanismos para empoderar aún más a las mujeres y las niñas.
- 30 años después de Pekín, los gobiernos deben transitar hacia economías feministas de bienestar que respondan adecuadamente a las crisis mundiales poniendo en el centro el cuidado y el bienestar de las personas y el planeta.
- Los Estados deben reconocer el valor de los cuidados en los hogares y las comunidades y mejorar la forma en que se organizan, proporcionar servicios públicos universales financiados con fondos públicos que tengan en cuenta las cuestiones de género, promover el trabajo decente y digno y abordar la violencia estructural de género.
¿Qué estamos haciendo nosotras por las mujeres y las niñas?
Apoyamos a los movimientos feministas de todo el mundo, apoyando la organización, la educación política, movilizando y facilitando espacios para construir una agenda común, solidaridad y el poder colectivo para cambiar el injusto sistema global.
Trabajamos para impulsar el cambio del sistema a todos los niveles hacia servicios públicos universales, financiados con fondos públicos y con perspectiva de género, trabajo decente y digno, responsabilidad empresarial, autonomía corporal, salud y derechos sexuales y reproductivos y el fin de la violencia.
