Escrito por Nicola Vasini
El 23 de noviembre de 2024, unas 170.000 personas se manifestaron en el centro de Barcelona para exigir una reducción inmediata del precio de los alquileres y el derecho a una vivienda digna para todos. Las manifestaciones se extendieron después a otras ciudades españolas, como Madrid, Sevilla y Valencia. Una de las principales reivindicaciones de la sociedad civil era garantizar un acceso justo y no discriminatorio a la vivienda, un problema que afecta no sólo a los residentes extranjeros, sino también a los ciudadanos españoles pertenecientes a diferentes grupos étnicos y minorías religiosas.
Discriminación en el mercado de la vivienda
«Fui a visitar una casa y, en cuanto me vio la propietaria, me preguntó: «¿De dónde eres?», cuenta Asma Nawaz, de 30 años. «Cuando le dije que era de Pakistán, su cara cambió y puso fin rápidamente a la visita. Me sentí muy enfadada».
Asma pasó todo un año en Barcelona buscando un hogar estable y seguro. «Dejé una casa super poblada en la que no me sentía segura como mujer y que afectó mucho mi salud», continúa. «Luego viví dos meses en un sitio y tres en otro. Nunca imaginé que me encontraría en una situación así».
Maodo Kande, de 22 años y mozo de almacén, también ha sufrido discriminación a la hora de buscar alojamiento en Barcelona. «Encontrar alojamiento aquí es una locura», dice.
«Te dicen que la habitación está libre, pero cuando llegas y ven el color de tu piel, de repente te dicen que ya está ocupada. ¿Cómo es posible?».
Datos alarmantes
El estudio “¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler”, publicado en 2020 por la Asociación Provivienda, pone de manifiesto una realidad preocupante: de 1.000 llamadas a distintas agencias inmobiliarias de toda España, más del 70% acepta discriminación directa, es decir, respetar la voluntad de los propietarios de no alquilar a extranjeros. Sin embargo, el 80% del 30% restante, aunque no acepta la discriminación explícita, están dispuesto a aceptar condiciones diferentes para los inquilinos extranjeros que a los españoles, como pedir documentación adicional, aumentar el precio del alquiler u ofrecer viviendas de menor calidad.
«Nos encontramos ante una situación en la que sólo un porcentaje muy pequeño de las agencias inmobiliarias contactadas no practica ningún tipo de discriminación», afirma Juande Gómez Montoya, de Asociación Provivienda. «Las agencias juegan un papel central en el mercado del alquiler en España: hoy, casi todos los alquileres pasan por ellas».
No es sólo el origen lo que determina la discriminación, sino también la presunción de la misma a través del nombre. Un estudio del Ayuntamiento de Barcelona de 2020, “La llave puede ser el nombre” , reveló que las personas con nombres de origen autóctono tienen un 18,8% más de probabilidades de obtener respuesta de los portales inmobiliarios y, por tanto, de acceder a una vivienda que las que tienen nombres de origen árabe.
«Aquí no se está valorando para nada el perfil socioeconómico de la persona que solicita la vivienda, ni la nacionalidad, sino sólo el nombre», explica Montoya. «Mohamed puede ser tan español como Juan, y Juan puede ser tan extranjero como Mohamed».
Precarias condiciones de vivienda
Las dificultades y la urgencia por encontrar vivienda empujan a muchas personas a aceptar condiciones extremas, acabando en situaciones inseguras. «Tuve muy malas experiencias y lo pasé muy mal», dice Asma Nawaz, recordando el año que pasó buscando un hogar estable.
«Estas personas no tienen muchas opciones y entonces qué pasa, acaban en infraviviendas, en la calle o subarrendando viviendas a precios abusivos», añade David Jacue Bretón, coordinador de proyectos de Refugees Welcome España. La asociación ayuda a los refugiados y desplazados a encontrar un alojamiento digno poniéndoles en contacto con la población local. Refugees Welcome apoyó tanto a Asma como a Maodo en su difícil búsqueda de una habitación en Barcelona.
La asociación también recogió algunas conversaciones con propietarios contactados para alquilar habitaciones en Facebook o Idealista: «Mi marido no quiere marroquíes», «¿De dónde es la persona?». Son algunas de las respuestas a la solicitud de información; estas frases reflejan una práctica generalizada, a pesar de que la discriminación residencial está prohibida por ley. «A la hora de denunciar es importante recopilar pruebas, como correos electrónicos y mensajes de WhatsApp», señala Juande Gómez Montoya. «Las denuncias se pueden presentar en la comisaría, el juzgado de guardia o la oficina de consumo, ya que la denegación de servicio es una infracción de la ley». Sin embargo, la vía legal no es fácil. «Los largos plazos desaniman a mucha gente y es también un proceso doloroso», añade Montoya.
Contrarrestar la discriminación residencia
Además de las denuncias individuales de los ciudadanos, el papel de las instituciones es crucial para contrarrestar la discriminación residencial. «Es esencial que la administración pública cree departamentos específicos que informen a las víctimas de discriminación, formen al personal en esta materia y se ocupen de la aplicación de las sanciones», explica Montoya.
«Sin un sistema de sanciones eficaz, la sensación de impunidad acaba alimentando la discriminación residencial». – Juande Gómez Montoya, Asociación Provivienda
Desde 2022, España cuenta con una importante herramienta en la lucha contra la discriminación residencial: la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que aborda explícitamente la cuestión del acceso a la vivienda. Sin embargo, sin una autoridad independiente que pueda hacer cumplir la ley, ayudar a las víctimas, realizar investigaciones e imponer sanciones, es difícil garantizar su eficacia. Por eso es crucial que el Gobierno apruebe cuanto antes la creación de dicho organismo», añade Montoya.
A nivel internacional, ya existen buenas prácticas en este ámbito. En Estados Unidos, por ejemplo, el Fair Housing Testing Program, patrocinado por el Department of Housing and Urban Development (HUD) y organizaciones de derechos civiles, emplea a probadores formados para comprobar si los propietarios, agentes inmobiliarios e instituciones financieras cumplen las leyes de igualdad de acceso a la vivienda. En caso de infracción, los resultados de las investigaciones pueden utilizarse para iniciar procedimientos oficiales y, en algunos casos, dar lugar a sanciones o acciones judiciales.
Por último, dado que las agencias y agentes inmobiliarios representan un punto de acceso crucial al mercado de la vivienda, «es importante reformar los requisitos de formación de estos profesionales introduciendo módulos específicos sobre no discriminación e igualdad de trato», concluye Juande Gómez Montoya, de la Asociación Provivienda.
📢Si has sufrido discriminación en el acceso a la vivienda o conoces a alguien que lo haya vivido, la Asociación Provivienda puede ayudarte a denunciar, visita: www.provivienda.org/nodiscriminacion
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