La ministra de Sanidad, Mónica García, despidió 2024 con un balance de su primer año al frente del Ministerio que era, a la vez, una declaración de intenciones. El peso de su comparecencia ante la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados no residía tanto en los hitos conseguidos en el pasado, sino en los propósitos a futuro.
Con el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia del Gobierno español en una mano y las medidas adoptadas en materia de medicamentos y salud pública desde las instituciones europeas en la otra, se espera que lo que reste de legislatura marque un punto de inflexión en la regulación sanitaria española, con el impulso de un nuevo marco normativo que defina de forma estratégica el futuro del sector farmacéutico.
Mónica García llegó al Ministerio de Sanidad con una ambiciosa agenda legislativa, recogiendo en buena parte el testigo de Carolina Darias, y con compromisos con la Unión Europea que es imperioso abordar con celeridad. De hecho, hacía años que no asistíamos a un auge normativo como el actual, lo que supone una oportunidad para introducir medidas que, con el paso del tiempo, se habían quedado guardadas en el cajón. Sin embargo, los deseos del Gobierno y la realidad legislativa parecen discurrir por caminos divergentes.
Tanto el Proyecto de Ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública, como los relativos a la Universalidad del Sistema Nacional de Salud y la consolidación de la equidad y cohesión del SNS -dos de los tres fragmentos en los que se ha dividido el Proyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del SNS impulsado por la extitular de la cartera sanitaria Carolina Darias- forman parte del Componente 18 del PRTR y volvieron al Congreso de los Diputados tras haberse intentado, sin éxito, su tramitación durante la pasada legislatura. El nudo gordiano para el Ministerio es conseguir ahora el apoyo de los mismos interlocutores que frenaron su aprobación, sin haber modificado sustancialmente su redactado.
Ejemplo de la dificultad para alcanzar acuerdos en una Cámara Baja profundamente fragmentada es la situación de bloqueo en la que se encuentra el Proyecto de Ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública, que sigue a la espera de que se constituya la ponencia que ponga en marcha su tramitación, cinco meses después de que finalizara el plazo de presentación de enmiendas. Los grupos parlamentarios parecen coincidir en el establecimiento de una organización independiente que aborde los aspectos más técnicos relativos a la salud pública, pero para algunos de ellos, el texto destila un espíritu centralizador, en una competencia compartida, que no es asumible para ellos.
La cuestión que se plantea en este principio de año es qué futuro se le presenta al anunciado Anteproyecto de Ley de los medicamentos y productos sanitarios, que podría ser aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros a principios del próximo mes.
Si en Proyectos de Ley relativamente sencillos, como el de Universalidad o el de Equidad, no se consigue un consenso, no parece que vaya a ser fácil el camino de una norma del calado de esa futura Ley de los medicamentos. Una norma que regula la vida del medicamento desde su producción hasta su dispensación y afecta a laboratorios, distribuidores, farmacéuticos y, principalmente, a los pacientes.
Mónica García se enfrenta al reto de desplegar importantes proyectos en materia sanitaria en 2025, pero, sobre todo, al de conseguir los apoyos necesarios en las Cortes para su aprobación y al de alcanzar un consenso con los agentes del sector, que permita asegurar su éxito y perdurabilidad a futuro.
Juan Carlos Benavente
Director de Análisis e Inteligencia en Cariotipo
