Desde el año 2023,
Plena inclusión España
y sus federaciones autonómicas
dan apoyo legal y acompañamiento
en temas relacionados con la educación.
¿Por qué se hace
este apoyo?
Muchas familias de personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo
tienen problemas para conseguir
una educación buena e inclusiva
para sus hijas e hijos.
Por eso, Plena inclusión
ha creado un servicio
para dar apoyo legal.
Este servicio ayuda
cuando se ignoran los derechos
de estas personas
en el colegio, instituto o formación profesional.
¿Dónde funciona
este servicio?
Este servicio se ofrece
en las siguientes comunidades autónomas:
- Andalucía.
- Aragón.
- Castilla y León.
- Canarias.
- Castilla-La Mancha.
- Cataluña.
- Ceuta.
- Extremadura.
- Galicia.
- La Rioja.
- Madrid.
- Murcia.
- Comunidad Valenciana.
¿Cómo funciona
este servicio?
- Las familias van a su federación
y cuentan su problema. - Si la federación no puede resolverlo,
manda la consulta
a Plena inclusión España. - Allí, 2 personas expertas en leyes y educación:
- María José Alonso.Juan Rodríguez Zapatero.
y dan una primera
respuesta legal.
¿Qué tipo de problemas
cuentan las familias?
Desde 2023 han llegado problemas como:
- Falta de apoyos en el aula.
- Normas injustas en los centros educativos.
- Mal manejo de la conducta de los alumnos.
- Problemas con la forma de escolarización.
- Dificultades en la Formación Profesional.
- Problemas con los títulos de estudios.
- Exclusión en actividades extraescolares.
- Mal uso de la ley de educación inclusiva.
¿Qué respuesta
reciben las familias?
Cada familia recibe una respuesta
según su caso.
Cuando la consulta es legal,
las personas expertas
escriben un documento con argumentos legales.
Las familias pueden usar ese documento
para pedir sus derechos
o presentar reclamaciones.
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Desde 2023, Plena inclusión España y sus federaciones ofrecen apoyo jurídico y acompañamiento diferentes procesos educativos.
Las familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo suelen encontrarse con dificultades para garantizar una educación inclusiva y de calidad a sus hijos e hijas. Ante esta realidad, Plena inclusión ha puesto en marcha una iniciativa de asesoramiento especializado que da respuesta a estas vulneraciones de derechos en el ámbito educativo.
Para poder defender sus derechos de una forma efectiva y eficaz, desde la confederación Plena inclusión y por medio de las Federaciones de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Canarias, Castilla la Mancha, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana se está llevando a cabo este proceso con el objetivo es ofrecer un acompañamiento a las familias que acuden en busca de apoyo cuando los derechos de sus hijos e hijas son ignorados o desatendidos.
¿En qué consiste el sistema de consultas?
En las federaciones se reciben consultas provenientes de familias que han vistos vulnerados los derechos de sus hijos en los diferentes espacios del ámbito educativo.
Luego las consultas que no puedan ser atendidas desde el ámbito autonómico son trasladadas a Plena inclusión España, donde -con la colaboración de dos abogados expertos en educación: María José Alonso y Juan Rodríguez Zapatero-, se da asesoramiento preliminar.
¿Qué tipo de consultas hemos recibido?
Esta iniciativa esta funcionando desde el 2023, desde entonces hemos recibido consultas relacionadas con la falta de apoyos en el aula, las restricciones físicas en los centros educativos y manejo de conductas que nos preocupan, las modalidades de escolarización, temas de inclusión en Formación Profesional, temas sobre titulaciones, exclusión en actividades extraescolares e incluso en temas sobre el desarrollo de la normativa sobre la educación inclusiva.
¿Qué tipo de respuesta reciben las familias?
Cada consulta recibe respuesta dependiendo de su petición. Las consultas jurídicas que llegan a la confederación son respondidas por los abogados colaboradores por medio de argumentarios jurídicos que las familias puedan utilizar para sustentar sus peticiones o reclamaciones ante los distintos órganos que puedan estar vulnerando sus derechos.
Este proyecto cuenta con financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de la X Solidaria.
