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- En el Encuentro participaron representantes de las administraciones públicas Central y Autonómicas, y fue inaugurado por el Secretario de Estado de Juventud e Infancia Rubén Pérez Correa.
- La experta estadounidense Peggy Kemp destacó la necesidad de una cultura de la inclusión y estándares comunes para garantizar una atención efectiva desde la infancia y a lo largo de toda la vida.
Madrid, 10 de septiembre de 2025.
Plena inclusión España organizó ayer, 9 de septiembre, un encuentro presencial en Madrid que reunió a responsables públicos, profesionales y personas expertas para avanzar en la implementación autonómica del “Consenso Estatal para la Mejora de la Atención Temprana”.
La jornada se celebró en la sala Europa del Impact Hub Madrid y reunió a más de 100 personas vinculadas al ámbito de la Atención Temprana, incluyendo representantes de ocho comunidades autónomas: Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Extremadura. Además, participaron representantes del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Ministerio de Infancia.
Durante el acto inaugural, el Secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, subrayó que “la Atención Temprana es un derecho” y defendió la necesidad de convertir este principio en una estrategia pública efectiva. Pérez Correa destacó que la hoja de ruta consensuada “es un buen síntoma de colaboración entre administraciones y profesionales”, y valoró que el enfoque centrado en derechos “puede convertir a España en un referente internacional en este ámbito”.
Por su parte, la presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, destacó que este encuentro buscaba ser un espacio de reflexión, diálogo y compromiso. “El objetivo es garantizar el derecho de todos los niños y niñas, y de sus familias, a una atención temprana de calidad, gratuita, universal y basada en evidencia. A esto lo llamamos equidad”, señaló. Laucirica también enfatizó la necesidad de acabar con las desigualdades territoriales: “Los niños tienen derecho, vivan donde vivan”.
El evento, organizado en colaboración con la Universidad Católica de Valencia y la organización norteamericana Division for Early Childhood, ofreció una visión internacional y estatal del desarrollo de sistemas de Atención Temprana, incluyendo buenas prácticas en el ámbito autonómico.
En este marco, Peggy Kemp, directora ejecutiva de la organización estadounidense, compartió reflexiones sobre la necesidad de generar una cultura de la inclusión como base para garantizar el derecho a una participación real y efectiva de las personas, no sólo en la infancia, sino a lo largo de toda la vida. Kemp explicó el proceso que están llevando a cabo en Estados Unidos para definir estándares consensuados que aseguren una atención temprana efectiva e inclusiva, destacando la importancia de trabajar con las familias fuera del ámbito tradicional de centros y terapias como un enfoque transformador para alcanzar estos objetivos.
En el Encuentro las Administraciones Públicas del ámbito Estatal compartieron los siguientes pasos en relación al despliegue de la hoja de ruta aprobada en junio de 2024 y que comenzó a implementarse en febrero de 2025. El documento, fruto de un trabajo conjunto entre el Gobierno de España, comunidades autónomas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y el movimiento asociativo, define objetivos, medidas y estándares de calidad para garantizar una atención equitativa en todo el Estado.
La iniciativa se realiza gracias a la financiación de la X Solidaria, es decir, gracias a todas las personas que marcan la casilla de Fines Sociales en su declaración de la renta. Cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y también con la colaboración de la Fundación ONCE.
Sobre Plena inclusión:
Plena inclusión agrupa a más de 950 asociaciones en toda España que apoyan a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Y lo hace en 4.000 centros y servicios en los que trabajan 46.000 profesionales en proyectos donde colaboran más de 8.000 personas voluntarias. Su misión es lograr una sociedad más justa e inclusiva a través de la defensa de los derechos de las personas y sus familias, la innovación social y la participación comunitaria.
