Desde ACOM celebramos la contundente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que estima nuestro recurso y anula el acuerdo de la Universidad de Granada que suspendía colaboraciones y programas de movilidad con instituciones académicas y científicas de Israel. El alto tribunal corrige así el pronunciamiento previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Granada y declara que el texto era discriminatorio y vulneraba derechos fundamentales.
El fallo del TSJA es inequívoco: la UGR, “bajo el pretexto de su autonomía universitaria”, aprobó un acuerdo que “vulneraba la dignidad de la persona y el principio de igualdad y no discriminación”, “transmitiendo una opinión negativa” sobre miembros de la comunidad académica vinculados a universidades israelíes y generando una confrontación con el resto del campus. La Sala recuerda que la discrecionalidad para firmar o no convenios “no legitima medidas de boicot general” que excluyen a un colectivo por su origen nacional o sus relaciones académicas.
Esta victoria de la legalidad confirma lo que ACOM denunció desde el primer día: el acuerdo de la UGR no era un gesto simbólico, sino un acto jurídico de exclusión que castigaba a personas e instituciones por razones políticas ajenas a la misión de la universidad. La ruptura “selectiva” con Israel, y solo con Israel, reproduce un doble rasero incompatible con la Constitución y con los principios de neutralidad y objetividad que rigen a los poderes públicos.
El TSJA recalca, además, que estas medidas lesionaban la movilidad de estudiantes y personal, así como la cooperación científico-técnica, afectando a quienes nada tienen que ver con el debate político y limitando derechos fundamentales bajo una coartada ideológica.
Esta resolución se suma a una jurisprudencia ya consolidada gracias a la acción de ACOM: ayer mismo, la Justicia anuló el plan discriminatorio contra universidades israelíes aprobado por la Universitat de València; y recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó el acuerdo de la Universidad Complutense de Madrid por idénticas razones.
ACOM investigará responsabilidades personales por estos acuerdos ilegales y discriminatorios y su impacto en la financiación de la UE. Exigiremos la verificación inmediata y, si procede, la suspensión de ayudas, acreditaciones y proyectos.
ACOM recuerda también que mantiene recursos abiertos contra las universidades Autónoma de Barcelona, Burgos, Málaga, entre otras, que han aprobado medidas de ruptura de relaciones con instituciones académicas israelíes.
ACOM seguirá actuando allí donde sea necesario frente a quienes pretenden convertir nuestras instituciones en altavoces del odio.
