- La FIDH exige a la Fiscalía y las autoridades judiciales peruanas actuar con rapidez para que Dina Boluarte y todas las personas responsables de los asesinatos ocurridos en 2022 y 2023 se sometan a la justicia.
- En un contexto de asedio en contra del sistema electoral, es fundamental velar por la integridad de las elecciones que se llevarán a cabo en abril de 2026.
- La presidencia y el congreso de Perú concluyen este ciclo envueltos en casos de corrupción y en mínimos históricos de aprobación ciudadana.
Lima, 10 de octubre de 2025. La presidencia de Dina Boluarte llegó a su fin de la misma manera que empezó: entre manifestaciones que pedían su renuncia. Una nueva generación de peruanos, los más jóvenes, salieron a protestar para exigir medidas inmediatas contra la ola de criminalidad que azota el país. Sus voces de protesta recuerdan a aquellas personas que, allá por el año 2022, también rechazaron el nuevo gobierno de la entonces vicepresidenta y fueron asesinadas por ejercer su derecho a protestar.
Pero no fueron estas nuevas manifestaciones las que motivaron la caída de Boluarte, ni los 49 asesinatos que pesan sobre su gestión o las complejas tramas de corrupción que la salpican directamente. Tampoco fue debido a su manifiesta incompetencia para detener la violencia sistemática que se ha cobrado miles de víctimas. En realidad, todos estos graves delitos fueron encubiertos reiteradamente por los mismos partidos políticos que, desde el Congreso, aprobaron leyes que relajaron la legislación que penaliza la criminalidad organizada y garantizan la impunidad por delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto armado interno, erosionando el sistema de justicia y la institucionalidad democrática del país. Además el congreso contribuyó a la crisis de seguridad al acosar a magistrados incómodos para el régimen, mientras que el ejecutivo desarticuló equipos de investigación policial que se encargaban de investigar la corrupción desde el poder.
El Congreso de Perú es tan culpable de la profunda crisis democrática que atraviesa el país como la ahora expresidenta. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembro en Perú han denunciado en repetidas ocasiones el pacto oscuro de poder que mantuvo a Boluarte en el poder todos estos años. En apenas tres años, esta alianza ultraconservadora ha dañado gravemente el tejido democrático.
“La ley de amnistía otorgó el olvido de todos los delitos de lesa humanidad cometidos por policías y militares, y la ley contra las ONG limita su capacidad para defender a las víctimas de la violencia estatal. Todas estas acciones antidemocráticas, sin contar los ataques a la Fiscalía, al poder judicial y al sistema electoral, han tenido como objetivo final capturar la independencia de los organismos del Estado y destruir el Estado de derecho”, afirma Gloria Cano, secretaria general de la FIDH.
Con la caída de Boluarte termina uno de los gobiernos más impopulares de la historia del país y se cierra un ciclo más de la larga crisis política e institucional que Perú arrastra desde hace casi una década. Sin embargo, la crisis política prolongada (que se remonta al 2016, año desde el que han habido hasta ocho presidentes) no se soluciona con un cambio de imagen presidencial: el nuevo jefe de Estado, por lo que carece de las credenciales democráticas y la trayectoria ética y profesional que demanda el cargo más alto en el Estado peruano, por lo que su permanencia está condicionada a su actuación en este periodo de transición y, ciertamente, el respaldo de la población y de las calles movilizadas.
Es importante que las nuevas autoridades encaren prioritariamente el tema de la inseguridad ciudadana con arreglo al Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y del debido proceso, para garantizar la vida e integridad de la población que se ve afectada por la ola de criminalidad y restituir la capacidad de tutela de los derechos humanos por parte del Estado peruano.
En este contexto de gran incertidumbre, la FIDH hace un llamamiento urgente a todas las instituciones del Estado para que se dejen sin efecto las leyes anticrimen, cesen al acoso a magistrados, se garantice la integridad del sistema electoral y presten especial atención a las elecciones de 2026.
