En reunión de la Junta ejecutiva del CNLAJ celebrada en el día de ayer se ha valorado la situación en la que se encuentra actualmente el desarrollo del proceso de puesta en marcha de la oficina judicial del Tribunal de Instancia, habiendo acordado por unanimidad reclamar del Ministerio de Justicia públicamente, que aplace la puesta en marcha de la fase III de la oficina judicial del tribunal de instancia, utilizando el mecanismo previsto en la disposición transitoria quinta de la LO 1/2025, o el que considere más adecuado, durante al menos seis meses, para evitar que la situación de la Justicia española pueda llegar a ser caótica.
Por ello el Colegio Nacional y UPSJ hemos suscrito y enviado al Ministerio el documento que adjuntamos interesando la paralización de la implantación de la oficina judicial del Tribunal de Instancia (PINCHA AQUÍ)
En esta situación el CNLAJ recomienda a los compañeros que reclamen sus derechos frente a los órganos superiores del cuerpo, solicitando instrucciones e información por escrito sobre acoplamiento y funciones a desempeñar, que permita ejercitar sus derechos de forma adecuada y, en su caso, poner en marcha las reclamaciones oportunas, en vía administrativas y judicial que se estimen convenientes.
Lo cierto es que, a día de hoy 11 de noviembre, nos vemos obligados a denunciar la grave situación en la que se encuentra el proceso de despliegue de la oficina judicial del tribunal de instancia. Pretendemos evitar que la situación de la Justicia española llegue a una situación caótica en los próximos meses.
El proceso de acoplamiento de los letrados de la Administración de Justicia de la Fase III no se ha realizado todavía en ninguno de los territorios. No hay certezas sobre las RPTS que pueden y deben en numerosos casos ser modificadas para paliar errores previos. No está aprobada la resolución definitiva que regulará las normas de acoplamiento de los letrados y letradas. No están nombrados los directores, adjuntos, jefes de área y de equipo de los partidos pertenecientes a las CCAA más pobladas. Similares circunstancias se dan respecto del acoplamiento de los funcionarios de Cuerpos Generales. No hay Protocolos ni Manuales de Organización.
Se está imponiendo una nueva organización, una reestructuración de sistemas de trabajo de forma caprichosa y precipitada por una oficina de implantación que carece de criterios homogéneos y sin transparencia de ningún tipo. Está siendo atropellada, sin ideas claras, sin homogeneidad, y resolviendo los problemas según van surgiendo sin previsión ni garantías y los más importante e insistimos en ello, sin que lo exija la L O1/2025.
El acoplamiento de los LAJ es un procedimiento no regulado en norma alguna, salvo sus cinco fases y respecto del cual, se pretenden introducir importantes novedades que lo diferencias de otras implantaciones de NOJ. Se pretenden suprimir las especialidades de los Letrados de la Administración de Justicia, lo que atenta directamente contra la carrera profesional, pero sobre todo contra la eficiencia del sistema y todo ello sin que lo exija la reforma legislativa. El proceso puede implicar una auténtico caos, además de un atropello de derechos.
Todos los días recibimos denuncias de compañeros por traslados forzosos muy dañinos para muchos de ellos. Por otro lado, se están quebrantando nuestros derechos profesionales, los concursos de méritos se están publicando sin posibilidad de conocer cuál ha sido la valoración que se ha realizado, se están asignando guardias a quienes no las tenían, y, lo más grave, se está acabando con el derecho a la especialización profesional de los letrados de la Administración de Justicia impidiendo ulteriores desarrollos profesionales tanto de manera horizontal como vertical, para acceso a los puestos más importantes de nuestra carrera profesional o el acceso a la carrera judicial.
Junto a ello no hay ni desarrollos tecnológicos, ni inversiones suficientes, ni se han adaptado espacios para que el sistema pueda funcionar de forma correcta. No están preparadas las adaptaciones y permisos necesarios en los muy diferentes sistemas de gestión procesal que se emplean en el territorio español, que, con carácter general, desconocen los servicios comunes y áreas, y funcionan centrados en las plazas judiciales. Similares problemas se darán con los permisos necesarios para los accesos a Punto Neutro Judicial, aplicaciones del Ministerio o de las CC.AA. Tampoco se ha impartido la formación específica necesaria a letrados y letradas ni a funcionarios de los Cuerpos Generales,
Los letrados de la Administración de Justicia, entendemos que sería una grave imprudencia seguir con el calendario inicial y que, como ya venimos adelantando, la previsión transitoria de la LO 1/2025, nos puede llevar a una situación indeseable en perjuicio de los ciudadanos.
