La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres manifiesta su rechazo absoluto ante la presentación del libro de Juan Soto Ivars, prevista para el 4 de diciembre en la Biblioteca Pública Infanta Elena (Sevilla), dependiente del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.
Resulta inadmisible que un espacio público, sostenido con fondos públicos y regido por la Ley 16/2003, de 22 de diciembre, acoja actos que amplifican mensajes que ponen en duda la credibilidad de las mujeres que denuncian violencia machista. Las declaraciones del autor, insinuando que las denuncias por malos tratos pueden utilizarse como estrategia en procedimientos de custodia u otros fines, contribuyen a la construcción de un clima social hostil hacia las víctimas.
Este tipo de mensajes tienen un impacto directo en la vida de las mujeres. El cuestionamiento sistemático de las víctimas es una de las razones por las que muchas no llegan si a denunciar. Por ello, expresar con firmeza nuestro rechazo ante actos y publicaciones que sostienen estos discursos es, también, una forma de mostrar apoyo a las mujeres que sufren violencia y de recordar que no están solas.
Las instituciones públicas tienen la obligación legal y ética de garantizar que su programación cultural promueva el interés general, la igualdad y el respeto a los derechos fundamentales. La Ley Orgánica 1/2004 establece de forma inequívoca el deber de las administraciones de favorecer un entorno social que prevenga la reproducción de estereotipos y la difusión de mensajes que obstaculicen la protección de las víctimas. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, insta además a evitar cualquier iniciativa institucional que contribuya a la desinformación o minimización de la violencia de género.
Dar espacio institucional a discursos que cuestionan a las víctimas o legitiman narrativas negacionistas supone un retroceso inadmisible en la lucha contra la violencia machista. La normalización de estos mensajes no solo afecta a la confianza de las mujeres en las instituciones, sino que debilita años de avances en materia de sensibilización, prevención y protección.
Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres exigimos la cancelación de este acto y recordamos que las administraciones públicas deben actuar con responsabilidad, alineadas con los compromisos adquiridos en la defensa de los derechos de las mujeres y de la infancia. La violencia de género es una vulneración de derechos humanos y no puede ser tratada como un debate opinable ni como un espacio para la difusión de discursos que dañan la credibilidad y la seguridad de las víctimas.
