Mensajes clave
- Electoralmente hablando, 2026 va a ser un periodo intenso en América Latina con cinco elecciones presidenciales y dos locales.
- Habrá elecciones presidenciales en dos grandes democracias de la región (Brasil y Colombia) más Costa Rica, Perú y Haití. También habrá comicios locales en Bolivia y Paraguay.
- Cuatro tendencias predominantes en 2025 continuarán en 2026: (a) el voto de castigo a los oficialismos, que convivirá con la ratificación de determinados liderazgos; (b) la pérdida de relevancia del centro político, con mayor polarización y fragmentación; (c) la presencia e influencia del “factor Trump”; y (d) el bajo crecimiento económico y el alza del coste de la vida, por un lado, y la inseguridad, por el otro, que centrarán las campañas e incidirán de forma decisiva en el voto.
Análisis
Introducción
2026 será un periodo intenso, desde el punto de vista electoral, en América Latina ya que tendrán lugar cinco comicios presidenciales (más legislativos), dos locales y el arranque de cinco precampañas para 2027 (Argentina, Guatemala, El Salvador, México y Nicaragua). Costa Rica, Colombia, Perú, Haití y Brasil elegirán presidentes y a sus parlamentos. Habrá elecciones subnacionales (locales y departamentales) en Bolivia y municipales en Paraguay.
El nuevo contexto electoral latinoamericano
Las elecciones presidenciales de fines de 2025, las legislativas en Argentina y las presidenciales en Honduras y Chile han consolidado algunas de las tendencias político-electorales de América Latina, que probablemente continúen en 2026. En primer lugar, el contundente voto de castigo a los oficialismos. En Honduras, el 80% se inclinó por dos candidatos opositores (Nasry Asfura y Salvador Nasralla), mientras sólo menos del 20% apoyó a la oficialista Rixi Moncada. En Chile, la victoria de José Antonio Kast fue contundente, casi 20 puntos. En esta ocasión, el voto de castigo se tradujo en el apoyo de los electores a candidatos de la derecha, mientras el respaldo se extendió a aquellos gobiernos exitosos en materia social (México), seguridad (El Salvador) y lucha contra la inflación (Argentina).
Segundo, se ha confirmado la pérdida de relevancia y poder institucional del centro. Salvo el caso excepcional de Bolivia, donde se impuso un candidato de centro derecha (Rodrigo Paz), los partidos más centrados han quedado fuera de juego. El voto se ha decantado hacia la derecha o la izquierda más extremas. En Chile, Evelyn Matthei acabó quinta (12,7%) y Harold Mayne-Nichols no llegó al 2% En Honduras, la Democracia Cristiana sumó sólo el 0,18%. En las legislativas argentinas Provincias Unidas fracasó como alternativa a la polarización entre mileísmo y kirchnerismo.
Tercero, se ha incrementado el “factor Trump” como elemento para tener en cuenta en los comicios, con apoyo a candidatos determinados, próximos a su línea de acción. Esto ha permitido la emergencia de candidatos de estilo trumpista, como Nasralla en Honduras y Johannes Kaiser en Chile. Su apoyo pesó en los comicios argentinos, ya que el préstamo de Washington estaba condicionado a una victoria de Javier Milei. También marcó el tramo final de la campaña en Honduras, aunque resulte complejo medir cuál fue su incidencia en el resultado y en el ascenso de Asfura en votos, lo que las encuestas no señalaban. La sombra de Trump planea ahora sobre algunas elecciones de 2026, Colombia en especial. Es posible que aparezcan con fuerza candidatos de estilo y mensajes similares a los de Trump, como Rafael López Aliaga en Perú o Abelardo de la Espriella en Colombia. Tras la incursión militar de Estados Unidos (EEUU) en Venezuela, que permitió la extracción de Nicolás Maduro, habrá que ver si un potencial reverdecer de sentimientos nacionalistas y antiimperialistas afecta negativamente a los candidatos apoyados por Trump. De momento, en varios países latinoamericanos, como Argentina y Perú, las encuestas respaldan la acción estadounidense.
Cuarto, el bajo crecimiento económico, el alza del coste de la vida y la inseguridad han marcado las campañas en 2025 y han decidido el voto de argentinos, hondureños y chilenos. Esos temas incidirán también en la agenda de 2026.
Quinto, la polarización, la fragmentación y la elevada oferta de candidatos condicionarán las elecciones. Esto se verá en algunas primeras vueltas, como en Perú, donde la dispersión del voto puede permitir que quien consiga entre el 15 y el 20% pase a la segunda, permitiendo enfrentamientos a priori impensables. Los presidentes electos tendrán difícil formar mayorías parlamentarias y deberán pactar con otras fuerzas más o menos afines. Caso contrario, su presidencia quedaría bloqueada y no podrían avanzar en sus agendas reformistas. En Chile, Kast intenta formar una amplia coalición de derecha y centroderecha. En Honduras, las derechas del Partido Liberal y Nacional deberán negociar para asegurar la gobernabilidad. Es lo que hizo Paz en Bolivia para contar con el apoyo de la bancada de Samuel Doria Medina. Los ganadores de 2026 no tendrán amplias mayorías y se verán obligados a formar coaliciones presidenciales negociando en parlamentos muy fragmentados.
Finalmente, en 2025 las encuestas han vuelto a fallar. En Bolivia no previeron que Paz pasaría a segunda vuelta y ganaría el balotaje, ni que Milei vencería ampliamente en las legislativas en Argentina ni anticiparon en Honduras la lucha entre Asfura y Nasralla. En Chile se acercaron más a los resultados finales, pero no advirtieron del fenómeno Franco Parisi, al subestimar su intención de voto. Más allá de las dinámicas nacionales, estos seis factores estarán presentes en las citas de 2026.
Figura 1. Elecciones de 2026
| País | Fecha | Tipo de elección |
|---|---|---|
| Costa Rica | Primera vuelta (1 de febrero) Segunda vuelta (5 de abril) | Presidencial y parlamentarias |
| Colombia | Congreso y consulta interpartidista (8 de marzo) Primera vuelta (31 de mayo) Segunda vuelta (21 de junio) | Parlamentarias Presidenciales |
| Bolivia | 22 de marzo | Locales (gobernadores y alcaldes) |
| Perú | Primera vuelta (21 de abril) Segunda vuelta (7 de junio) | Presidenciales y parlamentarias |
| Haití | Primera vuelta (30 de agosto) Segunda vuelta (6 de diciembre) | Presidenciales y parlamentarias |
| Brasil | Primera vuelta (4 de octubre) Segunda vuelta (26 de octubre) | Presidenciales y parlamentarias |
| Paraguay | 4 de octubre | Municipales e internas |
Costa Rica
El 1 de febrero Costa Rica elige presidente entre 20 candidatos, frente a 25 en 2022, y la Asamblea de 57 escaños. La segunda vuelta presidencial, de producirse, será el 5 de abril, ya que para evitar el balotaje hay que obtener al menos el 40% de los votos. El gran protagonista es el presidente Rodrigo Chaves que no puede ser reelegido. Su gobierno ha estado marcado por su especial forma de gobernar basada en la crispación política continuada y el enfrentamiento institucional. De hecho, estas elecciones se celebran tras un conflicto con el Tribunal Supremo Electoral, que en octubre de 2025 solicitó a la Asamblea Nacional levantar la inmunidad del presidente para investigarlo por violación de las normas electorales, incluyendo su participación en la campaña. Sin embargo, la votación del 16 de diciembre no alcanzó la mayoría de dos tercios para quitarle la inmunidad. Era la segunda vez que superaba una votación semejante en 2025, después de que también fracasara en septiembre la propuesta de investigarlo por corrupción.
Chaves mantiene una alta popularidad (63% de aprobación) gracias a su discurso anticasta y antiestablishment. La candidata de su partido (Pueblo Soberano), Laura Fernández, fue su jefa de gabinete y ministra de Planificación y Política Económica y busca perpetuar el legado chavista. Las encuestas sitúan en cabeza a la candidata oficialista, algunas ya le dan el 41% (suficiente para ganar en primera vuelta), pero también hablan de una alta indecisión del electorado, en torno al 45% en un contexto de fragmentación y sobreoferta de candidatos. El prestigioso sondeo del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, sitúa a Laura Fernández con el 30% de apoyo, lejos de los otros 19 aspirantes empezando por Álvaro Ramos, del histórico Partido Liberación Nacional (PLN) 8%, Ariel Robles (Frente Amplio) 5% y la ex primera dama, Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) 4%. El resto está por debajo del 2,3%. En 2022, Costa Rica, respaldando a Chaves, dio un voto de castigo no sólo al gobierno de entonces sino a los partidos en los que se apoyaba la democracia costarricense en el siglo XXI. En 2026 la dinámica es similar: el voto a Laura Fernández supone ratificar el apoyo a Chaves y a su mensaje de corte trumpiano, de ataque permanente a los adversarios y a la institucionalidad.
Los dos temas que marcan la campaña son la polarización chavismo vs. antichavismo y la inseguridad. Según el CIEP, dos de cada tres costarricenses consideran que la situación de la seguridad es “peor” que hace un año. El país, considerado un oasis de paz, atraviesa una crisis sin precedentes. El crimen organizado, alimentado por el narcotráfico, ha penetrado en barrios del sur de San José, Limón y Puntarenas. En 2024, se registró una tasa de 16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, el octavo país con mayor tasa en América Latina, superando a Guatemala y cerca de México.
Colombia
Como en Costa Rica, las elecciones estarán marcadas por la polarización, la fragmentación (hay 22 aspirantes frente a los seis de hace cuatro años) y por la herencia de Gustavo Petro. Se presentan como una pugna polarizada entre izquierda y derecha, entre petrismo y antipetrismo. Además de la polarización, el fracaso del gobierno en materia de seguridad y los problemas económicos del país (déficit fiscal) marcarán la campaña, sobre la cual sobrevolará la sombra de Trump. Después de Venezuela, la Casa Blanca ha tenido en Petro a uno de sus objetivos preferidos, acusándolo de “aliado del narcotráfico”. Trump y Petro parecen haberse reconciliado, pero en la Casa Blanca predomina el deseo de que el próximo presidente no sea oficialista, caso de Iván Cepeda, cuya carrera se basó en abanderar el antiuribismo y el diálogo con la guerrilla.
El petrismo tiene un candidato único, Cepeda, el preferido por el presidente. Este se deberá medir en las primarias del 8 de marzo, el mismo día de las elecciones legislativas, al expresidente del Congreso Roy Barreras y el exgobernador de Nariño Camilo Romero, quienes han ratificado su intención de competir en la selección de un único candidato de izquierda. Se formaría así una gran coalición, el Pacto Amplio, con el Pacto Histórico, la coalición de Petro unificada con el Frente Amplio. Cepeda es el rival a batir, es quien encabeza las encuestas tras imponerse claramente en el Pacto Histórico, con un millón y medio de votos. Lidera la última encuesta con una intención de voto del 31,9%, muy por delante de los otros candidatos de derecha.
Las elecciones girarán en torno a Petro y su legado. Y más tras sus fuertes decisiones electoralistas, en diciembre de 2025: apoyar la convocatoria de una Asamblea Constituyente y elevar el salario mínimo cuatro veces por encima de la inflación. También decretó el estado de emergencia económica como forma de impulsar una reforma tributaria con mayor presión fiscal sobre los sectores de mayores ingresos.
A diferencia de la izquierda, la derecha está más dividida y posiblemente llegue a las elecciones con tres candidatos que van del centro a la derecha radical. El centrista Sergio Fajardo busca la presidencia por tercera vez, en contra de la polarización. El uribismo, aún pendiente del proceso de primarias, tiene en Paloma Valencia a su mejor candidata, aunque busca conformar una amplia coalición con un único aspirante. Por el puesto compiten Valencia con otros potenciales dirigentes de la coalición: la periodista Vicky Dávila, el exsenador de Cambio Radical David Luna, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística Juan Daniel Oviedo, el director del Nuevo Liberalismo Juan Manuel Galán, y el exministro de Hacienda de Juan Manuel Santos, Mauricio Cárdenas. En la extrema derecha destaca el fulgurante ascenso Abelardo de la Espriella con su discurso trumpista, ultranacionalista, ultraconservador y bukelista. Las últimas encuestas le conceden la mayor intención de voto y lo colocan como favorito en una segunda vuelta.
Perú
Perú aspira en estas elecciones legislativas y presidenciales a acabar con su década político-institucional perdida. Desde 2016 hubo siete presidentes y, si bien en esta oportunidad también se elegirán senadores (Cámara que fue reinstaurada tras la reforma constitucional de 2024), las características de estos comicios son similares a los celebrados en 2016 y en 2021, que condujeron a una mayor inestabilidad. Como en esas otras ocasiones, la fragmentación domina con 36 candidatos presidenciales (frente a 18 hace cinco años atrás). De momento, el exalcalde de Lima, López Aliaga, encabeza las encuestas, aunque no supera el 15%. Esta fragmentación le permitió en 2021 a Pedro Castillo acceder a la segunda vuelta con sólo el 19% de los votos y a Keiko Fujimori con el 13%.
Esta vez se juntan la fragmentación y la polarización. La segunda vuelta de 2021 la disputaron Fujimori y Castillo, apoyado por un partido que en sus estatutos se declaraba marxista-leninista-mariateguista. En 2011, 10 años antes, la pugna fue entre Keiko y el entonces “chavista” Ollanta Humala. Esta vez, de acertar las encuestas, llegaría a segunda vuelta un representante de la extrema derecha, López Aliaga, que podría enfrentarse a un candidato de la derecha, como Fujimori, o a alguno de la izquierda, como Alfonso López Chau, Ronald Atencio o Roberto Sánchez. En el centro está el hermano del expresidente Martín Vizcarra, Mario, que no repunta en las encuestas. De todas formas, dada la historia peruana, no hay que descartar que en el último momento aparezca un candidato sorpresa, algún emergente o outsider, como Fujimori en los 90, Humala en la segunda década de este siglo o Castillo en 2021. Hasta ser inhabilitado como candidato por participar en un golpe de Estado, el ultranacionalista y etnocacerista Antauro Humala encabezaba las encuestas. La última encuesta de Datum, de mediados de enero, sitúa en los tres primeros lugares a López Aliaga (12%), Fujimori (8%) y el comediante Carlos Álvarez (6%), manteniéndose la alta fragmentación y más de un 40% de indecisos.
Si siempre son importantes las elecciones legislativas, y más cuando los presidentes carecen de mayorías, en este caso lo son aún más. Perú atraviesa, desde fines del gobierno de Alberto Fujimori, un progresivo proceso de parlamentarización. El margen de acción del Congreso, su capacidad de marcar la agenda y su poder de veto a través de la “vacancia” ha aumentado desde 2016 debido a la debilidad e inestabilidad presidencial (Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra y Castillo) y a la falta de legitimidad de ejercicio de figuras como Dina Boluarte. Ésta se mantuvo en el cargo más que ningún otro mandatario desde 2016 gracias a un pacto no escrito con el Congreso que la sostuvo a cambio de incrementar su cuota de poder. Un parlamento fragmentado, que a partir de 2026 volverá a ser bicameral, es el objetivo de grupos e intereses vinculados a la minería ilegal y a otros mercados ilícitos, que tratan de mantener sus privilegios gracias a su capacidad para cooptar a diputados y al control de grupos parlamentarios claves.
Perú acude a las urnas con la inseguridad como tema relevante, ante el incremento de robos, asaltos, extorsiones y la penetración del narcotráfico y la economía ilegal. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el semestre enero-junio de 2025 el 52,2% de la población consideró la delincuencia como uno de sus principales problemas, un 12,8% más que en 2024, con siete muertes violentas por día. Ese año se contabilizaron 2.083 homicidios y en 2023, 1.511. Esto justifica las demandas de mano dura y a aplicar el modelo de Bukele, lo que mejora las opciones de López Aliaga.
Brasil
La polarización chavismo vs. antichavismo en Costa Rica, fujimorismo vs. antifujimorismo en Perú (si Fujimori pasa a la segunda vuelta) o petrismo vs. antipetrismo en Colombia se replicará en Brasil en torno al eje izquierda-derecha, que podría sintetizarse en el enfrentamiento entre Luis Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, presente desde 2018, pero que podría continuar. Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado de 2022, no puede participar en estas elecciones, aunque ha respaldado la candidatura de su hijo Flavio, quien parte sin muchas opciones. Pese a ello, el bolsonarismo es un actor de peso con el que hay que contar y negociar. Entre bambalinas surge la posibilidad, de momento remota, de la candidatura de su esposa Michelle. Es popular, al ser mujer tiene un plus en el electorado femenino y encima es evangélica neopentecostal. Los gobernadores de derecha con aspiraciones presidenciales deberán negociar con el bolsonarismo. El mejor situado es Tarsício de Freitas (São Paulo), aliado de Bolsonaro, pero de perfil más moderado y capaz de llegar al votante centrista. Pero, también están Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Ratinho Jr. (Paraná), Ronaldo Caiado (Goiás) y Romeu Zema (Minas Gerais).
Entre bambalinas se mueve un gran “hacedor” de presidentes: Gilberto Kassab. Es líder del ascendente Partido Social Democrático (PSD), con ministros en el gobierno federal y en el paulista. Su partido es clave en el Centrão, una amalgama de fuerzas de centro que aporta gobernabilidad a cambio de importantes con
