Mensajes clave
- El sector petrolero venezolano está muy deteriorado por casi 30 años de nacionalismo energético y una década de sanciones estadounidenses.
- Tres escenarios básicos: gobierno legítimo abierto a la inversión extranjera, realineamiento excluyente con Estados Unidos (EEUU) e indefinición por vacío de poder.
- Las repercusiones sobre los mercados del petróleo serán limitadas, pero preocupantes para algunos de los aliados tradicionales de Venezuela.
- El corolario a la doctrina Monroe del presidente Donald Trump y su estrategia de dominio energético también deben preocupar a los aliados de EEUU.
Análisis
Introducción
La intervención de EEUU en Venezuela y la captura de su presidente Nicolás Maduro deja un panorama político incierto que determina en gran medida el futuro petrolero del país, y con él sus perspectivas económicas y sociales. El descarte por parte del presidente Trump de una transición rápida a un gobierno de la oposición fundado en los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 y su insistencia en controlar el crudo del país han generado muchas dudas sobre el futuro político venezolano y los posibles mecanismos de control de sus recursos. Esta incertidumbre se proyecta sobre un sector petrolero arrasado por casi tres décadas de nacionalismo energético, mala gestión y corrupción con el chavismo, agravados por las sanciones estadounidenses de la última década.
El análisis expone primero la evolución de la producción petrolera venezolana, las políticas de nacionalismo energético adoptadas por el chavismo, las sanciones de EEUU y su bloqueo petrolero. En segundo lugar, se exploran tres escenarios básicos para el petróleo de Venezuela: un gobierno con legitimidad democrática y abierto a toda la inversión extranjera, un realineamiento excluyente con EEUU que erosione la soberanía energética del país y un vacío de poder que afecte a las reformas del sector y su credibilidad a medio y largo plazo. Finalmente, se esbozan las principales repercusiones internacionales de esos escenarios sobre el mercado del petróleo, algunos de los aliados tradicionales del chavismo y de varios socios de EEUU, incluyendo la Unión Europea (UE).
Un sector petrolero arrasado por el nacionalismo energético y las sanciones[1]
Los efectos de las políticas nacionalistas e intervencionistas del régimen chavista y la acumulación de sanciones estadounidenses han causado que Venezuela pasara de producir casi 3,5 millones de barriles diarios (mbd) en 1998, antes de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia, a apenas 800.000 barriles/día (bd) en diciembre de 2025, menos del 0,8% de la producción mundial. Venezuela cuenta con cerca del 20% de las reservas mundiales de petróleo, las mayores del mundo gracias a sus ingentes reservas de crudo ultrapesado no convencional localizado en la franja del Orinoco, unas de las más caras de extraer y procesar por su alta densidad. En cambio, las reservas situadas en las cuencas de Maracaibo y Monagas albergan recursos convencionales, mucho menores que los de la franja del Orinoco, pero menos costosos de explotar. Algunos campos en las cercanías del lago Maracaibo, como los del complejo costero Bolívar (el mayor campo de petróleo de Sudamérica), llevan produciendo desde la década de 1920. La producción en la cuenca de Monagas es más reciente y se concentra en el campo gigante de crudo pesado de El Furrial, descubierto en la década de 1980 y considerado la joya de la corona de la petrolera estatal PDVSA.
Como puede apreciarse en la figura adjunta, Venezuela alcanzó un pico de producción de casi 3,8 mbd en 1970, pero tras la nacionalización del sector y la sujeción a las cuotas de la recién creada Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cayó por debajo de los 2 mbd a mediados de la década siguiente. Venezuela es miembro fundador de la OPEP y uno de sus tradicionales “halcones”, apoyando consistentemente las restricciones de producción del cártel por sus propias dificultades para aumentar la producción. Un segundo pico de casi 3,5 mbd se produjo en 1998 fruto de la apertura a la inversión extranjera en los años precedentes. El auge terminó cuando Chávez llegó al poder al año siguiente y su enfrentamiento con los dirigentes de PDVSA provocó la huelga de 2002, que paralizó la producción del país y supuso la salida de buena parte del personal más cualificado y su sustitución por afines al régimen. El final de la huelga permitió una rápida recuperación de la producción apoyada por precios elevados del petróleo debido a una fuerte demanda y nuevas restricciones a la producción por parte de la OPEP.
Este contexto favorable impulsó al presidente Chávez a profundizar en su nacionalismo energético, obligando a las compañías internacionales presentes en el país a reestructurar sus acuerdos con PDVSA para otorgarle la participación mayoritaria en sus proyectos conjuntos. Las estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips rehusaron la reestructuración, sus activos fueron confiscados por el Estado venezolano y recurrieron al arbitraje internacional. Ambas ganaron los arbitrajes, que dictaminaron indemnizaciones millonarias nunca satisfechas por Venezuela. A esto se refiere el presidente Trump cuando habla, impropiamente, de “robo” a las petroleras estadounidenses: las expropiaciones no se hicieron correctamente ni fueron indemnizadas, pero no hubo robo de un petróleo que siempre fue y será venezolano y sobre el que las compañías estadounidenses sólo tenían concesiones; de hecho, Chevron ha seguido operando bajo las nuevas condiciones hasta la fecha.
La salida de las compañías internacionales ocasionó un nuevo declive de la producción que se ha prolongado hasta la actualidad. En paralelo, el deterioro de la economía venezolana provocó una rápida caída del consumo de petróleo del país desde mediados de la década de 2010 que como muestra la figura adjunta también se ha mantenido hasta hoy. Esa caída del consumo amortiguó en un primer momento la caída de las exportaciones, pero fue incapaz de compensar el hundimiento de la producción cuando la primera Administración Trump y su política de máxima presión sobre Venezuela impuso las primeras sanciones sobre el petróleo.
La primera presidencia Trump sancionó a partir de 2017 al sector petrolero de Venezuela prohibiendo a su gobierno y PDVSA el acceso a los mercados financieros, congelando sus activos en EEUU y prohibiendo a sus nacionales realizar transacciones con ella y sus filiales. Trump también impuso sanciones secundarias a quienes hicieran negocios con las petroleras venezolanas, incluyendo navieras e intermediarios, favoreciendo así el surgimiento de una flota fantasma para eludirlas, ampliando la influencia de Irán y Rusia e incentivando una mayor opacidad y corrupción en el sector. Las sanciones expulsaron a muchas empresas occidentales ante la imposibilidad de cobrar sus servicios y las que siguieron operando limitaron su presencia e inversiones esperando tiempos mejores. Como resultado, la producción se hundió, pasando de unos 2,5 mbd en 2016 a menos de 700.000 bd en 2021.
La presidencia de Joe Biden adoptó un enfoque más laxo, presionada por la crisis energética desatada tras la invasión de Ucrania y las sanciones contra el petróleo ruso, que llevaron al barril de WTI, de referencia en EEUU, a superar los 115 dólares en mayo de 2022. Ese mismo mes, la Administración Biden autorizó la reanudación de algunas operaciones de canje de crudo con PDVSA por la deuda generada con varias compañías internacionales, suspendidas desde 2020. También autorizó que Chevron reanudara sus operaciones y exportaciones a EEUU. Tras los Acuerdos de Barbados de 2023 entre el gobierno venezolano y la oposición, por los que Maduro se comprometió a convocar elecciones con plenas garantías democráticas, EEUU levantó las sanciones a condición de que se cumpliera lo acordado. Aunque el efecto sobre un sector muy deteriorado por la falta de inversión y mano de obra cualificada fue limitado, en apenas dos años la producción aumentó de manera significativa en casi 250.000 bd hasta rozar 1 mbd en 2024. Con Biden, el Tesoro sancionó a varios petroleros de la flota fantasma empleados por Venezuela; por ejemplo, en noviembre de 2022 al Skipper (entonces Adisa) por su supuesto papel en una red de contrabando de petróleo en beneficio de la Guardia Revolucionaria iraní y Hizbulah.
La segunda presidencia Trump recuperó en 2025 las sanciones y la política de máxima presión a un ritmo frenético. En febrero anunció el final de las que denominó “concesiones” de Biden y revocó sus licencias, aunque a finales de julio permitió a Chevron seguir operando para exportar el petróleo a EEUU. A principios de septiembre, militares estadounidenses atacaban la primera embarcación supuestamente dedicada al narcotráfico y mataban a sus 11 tripulantes, empezando una serie de ataques que parecían justificar la creciente presencia naval de estadounidense en el Caribe. La dimensión petrolera de este despliegue se evidenció el 10 de diciembre con la confiscación del Skipper, al que siguieron otros petroleros, unos sancionados y otros no.
La escalada estadounidense contra los flujos petroleros venezolanos culminó el 16 de diciembre, cuando Trump anunció en su red social un “BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS” (en mayúsculas en el original) con origen o destino en Venezuela. Poco después se confiscaba el Centuries pese a no estar sancionado y en el momento de cerrar este análisis se habían confiscado cinco petroleros, incluyendo uno con bandera rusa, aunque la marina estadounidense estaría persiguiendo a varios más en el Atlántico. El 31 de diciembre el presidente Trump cerraba el año adoptando un nuevo paquete de sanciones contra cuatro navieras chinas y cuatro petroleros de la flota fantasma. El bloqueo y el temor a que nuevos buques fueran confiscados, tanto los que exportan crudo venezolano como los empleados para importar los diluyentes necesarios para procesarlo ha reducido los flujos y saturado la capacidad de almacenamiento del país. Como resultado, la producción, que se mantuvo en 1 mbd durante gran parte de 2025, cayó hasta unos 800.000 bd en pasado diciembre.
Tres escenarios petroleros para Venezuela: el bueno, el feo y el malo[2]
Pueden proyectarse tres escenarios básicos para el petróleo venezolano. De mejor a peor: un gobierno legítimo abierto a la inversión extranjera que recupere gradualmente los niveles de producción; un realineamiento con EEUU y su férreo control de la recuperación del sector de manera más o menos excluyente; y un vacío de poder que ralentice las reformas y prolongue el estancamiento o incluso intensifique el declive de la producción.
A juicio de este autor, el escenario óptimo consistiría en una transición razonablemente rápida y ordenada hacia una presidencia surgida de los resultados de las elecciones de 2024, cuando Edmundo González ganó las presidenciales apoyado por una coalición opositora. Este traspaso de poderes no puede darse de la noche a la mañana, pero sí debería tener un calendario y un horizonte claros y ser cuestión de meses, no de años. Un gobierno de raíz democrática tendría la legitimidad suficiente para emprender las urgentes y profundas reformas, muchas de ellas impopulares, que el sector petrolero venezolano requiere: despolitización, transparencia, racionalización, eficiencia y apertura a la inversión extranjera, empezando por PDVSA, pero siempre preservando la soberanía energética del país y el control de sus recursos. Sin sanciones ni bloqueos el sector podría reintegrarse en los mercados internacionales para volver a operar con normalidad, accediendo a las inversiones, servicios, diluyentes y profesionales imprescindibles para revitalizarlo y recuperar progresivamente la producción.
A corto plazo el fin del bloqueo permitiría la salida del crudo almacenado a la espera de poder ser exportado en una cantidad que el propio presidente Trump ha estimado en hasta 50 millones de barriles. Respecto a la producción, según algunas estimaciones podría aumentar en pocos meses hasta en 200.000 bd sin necesidad de invertir en nuevos proyectos de exploración y producción. Bastaría con poder acceder a la financiación internacional, los diluyentes y las tecnologías necesarias para procesar el crudo ultrapesado del país y acometer inversiones relativamente modestas en operaciones ya existentes. La experiencia de la flexibilización de las sanciones por la Administración Biden muestra cómo en apenas dos años la producción aumentó en casi 250.000 bd. Esa recuperación podría ser mayor y más rápida a medio plazo para alcanzar entre 300.000 y 500.000 bd para mediados de 2027, lejos de los 700.000 bd apuntados por el secretario de Energía estadounidense Chris Wright. Se trataría en todo caso de un aumento muy sustancial para la economía venezolana, pero también significativa para los mercados globales.
A largo plazo, la apertura a las compañías internacionales podría incentivar un proceso inversor sostenido en exploración y producción como ocurrió en la década de 1990 y acercarse en unos años al pico entonces alcanzado. Según Rystad Energy, sería técnicamente posible para Venezuela alcanzar una producción de 3 mbd hacia 2040 con una inversión superior a los 180.000 millones de dólares en el conjunto de los sectores de gas y petróleo del país. Para recuperar el pico de los 3,5 mbd el sector petrolero necesitaría unos 110.000 millones de dólares de inversión sólo en exploración y producción, además de recuperar a los miles de ingenieros y geólogos que han abandonado el país. Aunque los analistas difieren en el tiempo que llevaría recuperar la producción y en qué medida, hay consenso en que llevaría años, una inversión masiva y condiciones de inversión mucho más ventajosas de las que hoy imperan en el país, incluyendo legitimidad democrática, reformas profundas de su sector energético e incluso una reforma constitucional.
Este escenario abierto y respetuoso con la legitimidad democrática resultó aparentemente descartado en la rueda de prensa del pasado 3 de enero, cuando el presidente Trump tuvo un feo gesto desdeñando a María Corina Machado e insistiendo en controlar el petróleo venezolano. No especificó en qué consistiría ese control ni qué tipo de acuerdo (deal) implicaría, pero señaló a la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, como elegida para gestionar una transición larga y estrechamente supervisada bajo la amenaza de nuevas intervenciones. Aplicando el corolario Trump de la doctrina Monroe desarrollado en la Estrategia de Seguridad Nacional del pasado noviembre, ello implicaría un control exclusivo y excluyente de los recursos naturales venezolanos por parte de las compañías estadounidenses. La exclusión de Rusia y China puede justificarse por su connivencia con el chavismo, pero no la de empresas europeas cuyos países han apoyado la democratización de Venezuela, reconocido a Edmundo González y presionado al gobierno de Maduro.
Bajo este segundo escenario la producción petrolera aumentaría con el retorno en condiciones preferentes de las compañías estadounidenses. Pero la ausencia de competencia por parte de otras compañías extranjeras reduciría el margen de maniobra de Venezuela y los beneficios esperados para sus ciudadanos. Ese alineamiento petrolero forzado implicaría una renuncia a la soberanía energética del país y la subordinación a los intereses estadounidenses. Si el objetivo es recuperar plenamente el sector antes de avanzar en la transición democrática, ésta podría retrasarse años y perder credibilidad en las reformas necesarias para atraer inversiones a largo plazo. Sólo mediante incentivos muy agresivos puede esperarse que las compañías estadounidenses lleven a cabo el enorme esfuerzo inversor que ello supondría, especialmente en el actual contexto de bajos precios del petróleo. Para algunos analistas, este escenario incluso podría dañar la seguridad energética de EEUU si se impone un modelo mercantilista centrado en obtener beneficios inmediatos a expensas de un desarrollo más equilibrado y abierto del sector a largo plazo
Finalmente, no puede descartarse una mala evolución de la situación política que afecte a la recuperación de la producción tanto a corto como a largo plazo. No está claro que el enfoque estadounidense sea sostenible en el tiempo y podría dar lugar a un ciclo de inestabil
