Institución Futuro analiza los datos sobre Renta Garantizada y Gasto Social en Navarra según la Asociación Estatal de Servicios Sociales y el informe emitido por Comptos
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales publicaba hace unos meses un análisis de «Los Presupuestos de las CCAA en 2023» en el que se evidenciaban importantes desigualdades en la inversión pública destinada a servicios esenciales como sanidad, educación y servicios sociales entre las distintas CCAA. Según el informe, Navarra (4.161€ por habitante) y País Vasco (4.079€ por habitante) destacaban como las regiones con mayor gasto en estos servicios, mientras que Madrid (2.464€ por habitante) y Cataluña (2.942€ por habitante) se encontraban en el otro extremo.
La semana pasada la Cámara de Comptos de Navarra publicó el informe «Gestión de la renta garantizada y su impacto en el empleo (2019-2023)» que, como su propio nombre indica, fiscaliza la gestión de diversos aspectos relacionados con la RG, un gasto social de primera magnitud.
Así el Think Tank navarro antes de ahondar en las conclusiones de Comptos, recuerda que en 2023 hubo más de 35.000 beneficiarios de la RG en Navarra, agrupados en 16.384 unidades familiares. Esta prestación tiene como objetivo ayudar a aquellas personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Como puede verse en el siguiente gráfico, el número de perceptores ha tenido una tendencia ascendente hasta 2021, fecha a partir de la cual las cifran han comenzado a descender levemente.
La RG representó un gasto de 103 millones de euros para el Gobierno de Navarra en 2023. A esto se sumaron 50 millones de euros aportados por el gobierno central a través del IMV. En total, una inversión de más de 150 millones de euros
El análisis de la Cámara de Comptos señala que de las 35.186 personas que recibieron la RG en Navarra durante 2023, solo el 44% estaba disponible para trabajar. Y únicamente el 26% de este grupo accedió a un contrato laboral siendo perceptoras de la ayuda. Una cifra que ha ido a la baja en los últimos años.
Merece la pena destacar que, según datos del Gobierno de Navarra, en 2023 solo 1.683 personas beneficiarias de la RG dejaron de cobrar la prestación por haber encontrado un empleo, lo que supone que apenas un 11% de las personas disponibles para trabajar abandonó la ayuda.
La Cámara de Comptos, encargada de fiscalizar la gestión económica y financiera del Sector Público de Navarra, informaba de que entre 2019 y 2023 la Policía Foral llevó a cabo más de 700 inspecciones a familias beneficiarias de la RG tras recibir denuncias o detectar indicios de irregularidades, y tres de cada cuatro inspecciones confirmaron incumplimientos, acumulando un importe indebido de 15 millones de euros. Hasta la fecha, se habría logrado recuperar el 67% del dinero cobrado de manera irregular.
¿A dónde queremos ir a parar con estos datos?, se pregunta Institución Futuro. En primer lugar, más gasto público no garantiza por sí mismo que éste vaya a ser eficiente. El análisis de la Cámara de Comptos así lo demuestra. Estas ayudas llevan mucho tiempo sin los controles necesarios para garantizar que los perceptores cumplen con los requisitos necesarios. Y, en segundo lugar, que las ayudas sociales, tan necesarias en muchos casos, deberían incentivar al máximo la empleabilidad de los perceptores y evitar, así, la cronificación de la pobreza.
