Cani Fernández: «nuestra labor consistirá en vigilar que las condiciones pactadas con el BBVA se cumplen»

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Cani Fernández, presidenta de la CNMC, durante su intervención en el curso de verano organizado por la APIE en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander.

La presidenta de la CNMC habla sobre la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell y sobre el apagón del 28 de abril en su intervención en el curso de verano organizado por la APIE

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La OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell ha superado la fase II concerniente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y su presidenta, Cani Fernández, no tiene inconveniente en que el Gobierno aumente en la fase III las condiciones para autorizar la operación «siempre y cuando sea de interés general lo que justifique su actuación». En todo caso, esas condiciones tendrán que ser distintas a las que planteó en su día la CNMC. La presidenta ha realizado estas declaraciones en el curso de verano Cuarenta años de la firma de adhesión de España a la UE organizado por la APIE con el patrocinio de BBVA en la Universidad Menéndez Pelayo, de Santander.

Finalmente, el Gobierno ha autorizado la operación, pero aplazando un mínimo de tres años la fusión de las entidades. Cani Fernández, que habló antes de que se hiciera pública esta decisión, anticipaba que, en todo caso,  «nuestra labor consistirá en vigilar que las condiciones pactadas con el BBVA se cumplen». Más allá de su opinión sobre las razones que debían mover a posibles nuevas condiciones por parte del Gobierno, no ha querido entrar en mayores valoraciones, ya que, como ha explicado, “he agradecido su no injerencia en la fase II que competía a la CNMC, por tanto voy a hacer lo mismo en la fase III”.

Cani Fernández también ha hablado sobre el apagón general que vivió el país el pasado 28  de abril, precisando que en la Comisión han iniciado su propia investigación, como les indica la ley. De momento, ha declarado «se conoce el qué, pero todavía no se sabe el por qué del apagón y quién es el responsable», si bien «está claro que la respuesta de las instalaciones no fue la esperada». Mientras continúan pidiendo información a las empresas, la presidenta de la CNMC ha declarado que las multas a los operadores podrían alcanzar los 40 millones de euros.

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