Hoy concluyó la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4) con un documento firmado. El conocido desde ya como el Compromiso de Sevilla pone el colofón a meses de trabajo, cristalizando lo negociado en una hoja de ruta. Pero también muestra lo que ha quedado postergado y las líneas rojas que se han quedado fuera por falta de voluntad política.
La adopción de este compromiso en sí misma es valiosísima, ya que abre vías de mejora para los déficits que los anteriores acuerdos de financiación del desarrollo ya mostraron. La apertura y disposición para reforzar los sistemas fiscales globales es una clara muestra de ello. A pesar de ello, sigue habiendo algunas ausencias notables y escasa ambición en cuestiones como la debida diligencia o el cumplimiento obligatorio de los derechos humanos por parte de un sector privado que ha irrumpido con fuerza en el desarrollo.
La Conferencia y el Compromiso de Sevilla nos obligan a mirar con profundidad crítica y sin relajarnos. Más allá de los compromisos escritos, tenemos que seguir preguntándonos quién mueve las fichas en el tablero de juego, dónde y cómo se toman las decisiones y, sobre todo, para quién se toman.
La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha manifestado que “las tensiones entre los intereses de la mayoría mundial y los privilegios del capital financiero” siguen siendo palpables en los procesos de negociación y en el nivel de ambición finalmente plasmado en el documento de compromisos. Por eso no basta con quedarnos en el análisis técnico del resultado. Debemos preguntarnos: ¿qué estructuras impiden avanzar más rápido?, ¿qué intereses limitan los compromisos?, ¿y qué alianzas podrían fortalecer el cambio?
Nos preocupa el creciente protagonismo del sector privado en la arquitectura de la financiación del desarrollo, sin los necesarios mecanismos de rendición de cuentas, ni el respeto efectivo de los compromisos ya existentes. La financiación combinada y las alianzas público-privadas han sido reforzadas, pero sin incluir condiciones vinculantes en materia de derechos laborales, diligencia debida o sostenibilidad ambiental.
El desarrollo sostenible no es un marco técnico: es una opción ética y política
Uno de los aprendizajes de esta conferencia es que no hay neutralidad posible cuando se habla de desarrollo sostenible, de igualdad de género, de transición justa o de gobernabilidad democrática. Así, la definición de una arquitectura económica global también es una opción política que, o bien, contribuye al desarrollo de los pueblos o, por el contrario, contribuye a su opresión.
La deuda, analizada desde este ángulo, no es solamente un dato económico o contable, sino que sigue siendo un lastre para el desarrollo de pueblos enteros. Cuando los países deben decidir entre pagar los intereses o garantizar salud, educación o impulsar el trabajo decente y la protección social, no estamos ante una crisis financiera: estamos ante una crisis de humanidad.
De esta misma manera, cuando los indicadores del desarrollo se miden únicamente desde la visión de un crecimiento económico sin considerar los derechos humanos – incluidos los laborales, ambientales o la igualdad – sin considerar la progresividad fiscal, la redistribución de la riqueza o la coherencia de políticas, nos encontramos ante un fallo del sistema que reproduce y fortalece las asimetrías que lo sustentan.
La insistencia en los marcos de financiación combinada (blended finance) o en la participación del sector privado sin la exigibilidad de cumplir con los mecanismos vinculantes ya existentes, o con la debida diligencia, revela que existe una narrativa que busca subordinar lo público, lo social, lo justo a criterios de rentabilidad o lucro por encima de todo lo demás. Lo que se necesita —y lo que reclamamos— es exactamente lo contrario: una economía al servicio de la vida y del planeta, y no de los balances empresariales.
No se trata solo de firmar. Se trata de transformar
El Compromiso de Sevilla reconoce elementos valiosos: el derecho a la protección social, la importancia de los cuidados, la fiscalidad progresiva, el trabajo decente. No obstante —como bien señala la CSI— no hay mecanismos claros para asegurar su cumplimiento. Y en algunos casos, los principios se nombran, pero se vacían al omitir los instrumentos que ya existen para hacerlos realidad, como los convenios de la OIT o los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos.
Transformar implica nombrar, pero también dotar de poder a lo nombrado. Significa que los actores sociales no seamos invitados pasivos, sino protagonistas del cambio. Nuestras propuestas en este sentido reafirman nuestro compromiso con el refuerzo del diálogo social como eje vertebrador del desarrollo, y del sindicalismo como catalizador de cambios sociales.
Si algo deja la FfD4 es la certeza de que el cambio no vendrá solo de un documento, sino de las manos, las ideas y las alianzas que sigamos construyendo. Hay esperanza, sí. Pero no como algo abstracto, sino como un acto cotidiano de organización, propuesta y lucha pacífica por la justicia.
El Compromiso de Sevilla no es el final del camino, sino el punto de partida de un trabajo pendiente. Si el documento final no llega más lejos es, precisamente, porque queda mucho por hacer: movilizar recursos públicos, garantizar salarios dignos, reformar la arquitectura de la deuda, establecer un piso mínimo de protección social global y lograr una fiscalidad internacional justa, equitativa y feminista.
También es imprescindible democratizar los espacios de gobernanza económica internacional: que no se decida a puerta cerrada entre acreedores y tecnócratas lo que afecta a millones de vidas. Y eso implica que los sindicatos, las organizaciones sociales, los pueblos y comunidades, deben estar presentes y tener voz.
Nosotras concluimos nuestra participación en esta conferencia con una convicción reforzada: hay esperanza, pero no por lo firmado, sino por la movilización, las alianzas y la capacidad de resistencia que hemos visto en Sevilla. La sociedad civil global, el sindicalismo internacional, los feminismos, las redes de justicia fiscal y climática han hecho oír su voz, y han dejado claro que la transformación no se decreta, se construye.
Nos toca ahora hacer seguimiento, exigir mecanismos de implementación efectivos, participar en cada paso y continuar luchando para que la financiación del desarrollo no sea un negocio para unos pocos, sino un derecho colectivo al bienestar, la igualdad y la dignidad humana.
🔗 Lee aquí la declaración completa de la CSI sobre el Compromiso de Sevilla
