Además, la TRF para distribución de electricidad se ve discriminada con respecto a otras actividades reguladas como la aeroportuaria y comunicaciones, cuya metodología de cálculo es más favorable. Como resultado, la TRF que se les aplica es significativamente superior: 8,03% para aeroportuario y 6,98% para comunicaciones. Esto implica que la CNMC está primando las inversiones en otros sectores sobre las inversiones en redes eléctricas, clave tanto para la descarbonización como para el crecimiento económico.
- La propuesta de la CNMC ignora las Orientaciones de Política Energética, en particular las referidas a asegurar que las inversiones para la electrificación son competitivas con las inversiones en otros países y sectores, al no incorporar medidas para cumplirlas. Por ello, la TRF propuesta por la CNMC no es suficiente para incentivar las inversiones en redes para poder integrar a la demanda y adecuarlas a las necesidades derivadas de la electrificación de la economía.
- La propuesta de la CNMC debilita la competitividad de España para la captación de capital en los mercados financieros para la inversión en redes eléctricas. Si no se corrige, pone en riesgo la conexión de los más de 60 GW de nueva demanda –desde industria y vivienda hasta centros de datos y puntos de recarga – actualmente bloqueados por falta de red. España no puede permitirse perder esta oportunidad de transformación económica y liderazgo energético y ser incapaz de dar servicio eléctrico a quien lo necesita.
Sobre la propuesta del modelo retributivo de la actividad de distribución eléctrica:
- El modelo retributivo propuesto presenta serias limitaciones tanto en la señal a la inversión como en la cobertura de los costes reales del servicio.
- Por un lado, se basa en niveles del pasado de inversión, claramente insuficientes para las necesidades del presente y no tiene en cuenta las necesidades actuales ni futuras del sistema, limitando la posibilidad de conectar a quienes hoy requieren acceso a la red. Por ello, no está alineado con los objetivos del PNIEC, ni con la urgencia de dar servicio a la creciente cola de solicitudes de acceso y conexión de la industria y vivienda. Se establece un esquema que incentiva a minimizar las inversiones, ajustándolas al nivel necesario para renovar los activos obsoletos, ignorando el hecho de que la capacidad de nuestra red para conectar demanda está casi agotada.
- Por otro lado, plantea una reducción excesiva de los gastos reconocidos para dar el servicio, sin considerar adecuadamente las actuales tareas de los distribuidores, los riesgos operativos, ni la naturaleza de los activos. Todos sabemos los efectos de recortar de forma generalizada en infraestructuras críticas: solo puede debilitar la calidad del servicio, justo cuando más necesario es asegurar su resiliencia para hacer frente a situaciones extremas cada vez más frecuentes, como el reciente episodio de la DANA. La eficiencia debe exigirse, pero de forma coherente con la realidad del sector y los retos del sistema eléctrico y en línea con los procedimientos de fomento de la eficiencia aplicados en el mundo.
- El modelo propuesto por la CNMC es disruptivo frente a la continuidad que necesitaba el sector, dado que desincentiva la inversión en electrificación justo cuando es más necesaria.
Se trata de un modelo que penaliza la iniciativa inversora destinada a las nuevas conexiones en un momento clave para cumplir los objetivos del PNIEC y aplica unos recortes masivos de gastos para el próximo periodo regulatorio cuando todavía, ni siquiera, se han aprobado las retribuciones de la mayor parte de los años del periodo actual.
El PNIEC estima unas inversiones en redes de transporte y distribución eléctricas (T+D) de 53.000M€ entre 2021 y 2030. Si bien no distingue entre actividades, supone por sí solo un volumen del doble del límite actual y unas 2,6 veces para compensar lo invertido de menos en 2021-2023. En Europa, los países están actualizando la información sobre sus planes de inversión en redes para los próximos años con incrementos significativos[1]. Sin embargo, con la propuesta del modelo retributivo, haría que España se aleje de la senda de la descarbonización marcada desde Europa y daría ventaja competitiva a las industrias de aquellos países que apuestan por conectar a su industria actual y a la industria nueva.
- Dejan de reconocer el coste de inversiones en red y pasa a recocer un coste de inversión en función de las inversiones en años anteriores y de la evolución de la potencia facturada de los últimos años, generando un incentivo contrario al deseado: cuanto menos se invierta, mayor rentabilidad se obtiene. Esta lógica va justo en contra de la electrificación. Se premia la inacción en lugar del esfuerzo inversor, lo que resulta incompatible con la transición energética.
- El modelo introduce un recorte desmesurado en la retribución y exigencias de recortes de gastos, que afectarán a la sostenibilidad financiera de la actividad. El modelo propuesto impide a las distribuidoras hacer frete a las nuevas obligaciones que ya están presentes en el sistema eléctrico: generación distribuida, autoconsumo colectivo, acceso y conexión flexible, mercados de flexibilidad, etc. Dicho recorte afectará a la capacidad de respuesta de las empresas ante situaciones excepcionales.
- La propuesta retributiva de la CNMC, a diferencia de otros reguladores europeos, no tiene en cuenta el gasto en OPEX que estiman los distribuidores a futuro y, en su lugar, lo determina a partir de datos históricos de hace 5 años. Adicionalmente, no incorpora un mecanismo de indexación que ajuste el gasto de los servicios al incremento de precios y costes que se están produciendo nacional e internacionalmente por el amplio desarrollo de redes que se está produciendo en el resto de los países, lo que supone una reducción continuada del servicio que el sector eléctrico puede proveer.
- La propuesta es opuesta al tratamiento de las llamadas inversiones anticipatorias, que la legislación europea considera una necesidad imperiosa. El motivo es que las inversiones anticipatorias, “que abordan de forma proactiva las necesidades de desarrollo de la red identificadas a medio y largo plazo”[2], requieren adelantarse a las necesidades, pero la metodología propuesta desincentiva completamente todas las inversiones que vayan más allá de la mera reposición de los activos existentes.
Por todo lo anterior, se solicita que en este proceso de alegaciones se aplique el principio de prudencia. En un momento donde el país está ya siendo incapaz de atender las necesitades de la industria, vivienda y transporte, con la pérdida de inversiones y empleo que esto ya genera, la necesidad de refuerzo y expansión de las redes eléctricas debe promoverse a través de la certidumbre regulatoria, la predictibilidad de la recuperación de las inversiones, la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria, tal y como lo están haciendo los países de nuestro entorno.
La TRF y el modelo retributivo no pueden analizarse de forma aislada: deben ser coherentes entre sí para que, en conjunto, permitan una retribución suficiente para afrontar el reto presente. Solo así se garantizará la infraestructura y servicio necesario que permita acompañar la reindustrialización y transformación de la economía que la generación renovable está ya generando.
[1] A manera de ejemplo, en Francia, se publicó el borrador para el plan de inversión en redes de transporte en el periodo 2025-2040. Dicho plan implica un fuerte incremento en las inversiones, motivado por la necesidad de nuevas conexiones, adaptación a los cambios en el consumo, y la renovación de las instalaciones más antiguas. El borrador del plan de RTE considera inversiones por valor de 100.000 millones de euros en el periodo 2025-2040, lo que se traduce en inversiones anuales de 6.250 millones de euros al año, frente al plan actual, en el que las inversiones anuales son de 2.200 millones de euros al año. Esto supone casi triplicar el volumen de inversión anual. Por su parte, en Italia, el plan de inversión en redes de transporte de Terna para el periodo 2024-2028 contempla una inversión de 16.500 millones de euros, lo que se traduce en una inversión anual de 3.300 millones de euros al año, frente al plan actual, en el que la inversión anual era de 2.000 millones de euros al año. Esto supone un incremento del 65% en la inversión en redes de transporte.
[2] CNMC, Memoria Justificativa de la propuesta de Circular X/2025 de Metodología de Retribución de la Distribución Eléctrica, pág. 48
