Violencia económica en Europa: ¿Qué dicen las leyes?
La violencia económica es una de esas formas de violencia de género que muchas veces pasa desapercibida. Se manifiesta en situaciones cotidianas: control del dinero, restricción de la autonomía financiera o incluso apropiación de los bienes de otra persona. Las consecuencias son graves: desde la privación de recursos básicos hasta la ruptura de proyectos de vida.
La violencia económica en España todavía no cuenta con un reconocimiento jurídico específico, aunque existen marcos normativos que la rozan sin nombrarla de frente. El debate se abrió con el estudio Violencias Económicas y Salud Financiera. Este estudio jurídico creado por la Universidad de Oviedo y la Fundación Nantik Lum en 2024 puso el foco en cómo se encaja este tipo de violencia en el derecho y qué vacíos existen en la protección de las víctimas.
El marco europeo: luces y sombras
El Convenio de Estambul es la gran referencia internacional en materia de violencia contra las mujeres. Casi todos los países europeos lo han ratificado, pero solo algunos han dado el paso de legislar de forma específica sobre violencia económica.
La paradoja es llamativa: Estados que lideran el ranking en igualdad de género como Alemania, Países Bajos, los países nórdicos o incluso España, no han desarrollado normas específicas sobre violencia económica. Mientras tanto, países con índices de igualdad más bajos sí lo han hecho. Entre los que sí cuentan con legislación propia destacan Reino Unido y Francia en Europa Occidental y una mayoría de Estados del Este y Sudeste europeo como Albania, Bulgaria, Croacia, Hungría, Lituania, Rumanía o Serbia.
Factores que explican las diferencias en materia de violencia de género
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Europa Occidental apuesta por leyes generales contra la violencia de género. Son marcos amplios, pero corren el riesgo de diluir la violencia económica bajo categorías como el maltrato psicológico.
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Europa del Este suele legislar por presión internacional o por procesos de armonización con la Unión Europea, más que por una iniciativa política interna.
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La Unión Europea todavía no cuenta con una norma específica, aunque en 2024 se aprobó la Directiva (UE) 2024/1385, el primer instrumento integral contra la violencia de género. Reconoce la violencia económica, pero no la regula de forma autónoma.
El caso español: avances y retos pendientes
España cuenta con una de las leyes pioneras en violencia de género (LO 1/2004) y con una estructura institucional fuerte en materia de igualdad. Sin embargo, la violencia económica no se reconoce de manera específica, lo que deja vacíos de protección en casos donde no hay violencia física.
El Pacto de Estado de 2025 supone un paso adelante: incluye el compromiso de tipificar la violencia económica como delito y prevé medidas para su detección y abordaje. No obstante, aún falta traducir esa voluntad política en una ley concreta que otorgue verdadera protección.
Una oportunidad para avanzar
El panorama europeo nos recuerda que el avance es desigual y que contar con leyes generales no siempre garantiza que la violencia económica quede visibilizada. La nueva directiva europea abre la puerta a un marco común, pero dependerá de cada Estado hacerla realidad en su ordenamiento.
Conclusiones y próximos pasos
El panorama europeo evidencia:
- Avances normativos desiguales y condicionados por factores políticos y culturales.
- Riesgo de que la VE quede invisibilizada en marcos legales demasiado generales.
- Oportunidad con la directiva UE 2024/1385 para establecer un marco jurídico común y promover legislaciones nacionales específicas en los estados miembros frente a la violencia económica y otras formas de violencia contra la mujer.
Desde la Fundación Nantik Lum continuamos trabajando por erradicar la violencia de género. A través de nuestro programa de ámbito nacional que desarrollamos de la mano de otras entidades como Dones pel Futur (Catalunya), Asociación Alanna (C. Valenciana), Aprofem (Castilla La Mancha), Asociación Arrabal (Andalucía) y Fundación Maimona (Extremadura) y con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Fundación LaCaixa.
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