La conferencia sobre el clima COP31, que se celebrará en Turquía, tendrá lugar tras un verano que ha demostrado que incluso una mínima parte de la crisis climática puede resultar devastadora para las comunidades y sus derechos. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), que estará presente en las negociaciones, insta a las Partes a que cumplan por fin con sus obligaciones en virtud del Acuerdo de París y conviertan los derechos humanos en una cuestión fundamental en todas las decisiones, desde la transición para abandonar los combustibles fósiles hasta los objetivos de electrificación y financiación.
4 de noviembre de 2026. Inundaciones catastróficas y repentinas en Nepal. Olas de calor mortíferas y sin precedentes en todo el mundo, agravadas por el «super-El Niño». Incendios forestales que arrasan regiones enteras en Oceanía y América del Norte. Las catástrofes climáticas de este verano han demostrado que un mundo en el que la temperatura supere, aunque sea mínimamente, el límite de 1,5°C establecido en el Acuerdo de París es un mundo con amenazas sin precedentes para la vida, los derechos humanos y la naturaleza.
Este año también ha confirmado lo que ya se sabía sobre las injusticias del colapso climático: quienes menos han contribuido a las emisiones históricas, como Nepal, son los que más sufren y los que cuentan con menos recursos para adaptarse a la crisis y a sus efectos. El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente dejó claro que nos encontramos en una trayectoria de sobrepasamiento que empeoraría aún más la situación. Pero esto no debe llevarnos a la resignación.
Por el contrario, debería impulsarnos a actuar con urgencia para volver a situarnos por debajo de los 1,5°C, antes de que crucemos umbrales irreversibles. Los líderes y negociadores en Antalya deben convertir esto en una ambición colectiva y cumplir por fin con su obligación de proteger el clima y los derechos humanos que de él dependen. Situar los derechos y a sus defensores en el centro de las negociaciones es parte integrante de la solución.
No hay transición justa sin derechos humanos
En la COP30, en el Programa de Trabajo sobre la Transición Justa, la sociedad civil logró una decisión pionera para desarrollar un Mecanismo de Acción para la Transición Justa (BAM) con el fin de acelerar y coordinar la acción climática que promueva la justicia social y los derechos de todas las personas. La COP31 es el momento de ponerlo en práctica.
Una transición justa no puede considerarse como tal si no respeta los derechos humanos y da cabida a las voces y soluciones de la sociedad civil, las personas defensoras del medio ambiente, los pueblos indígenas y las personas trabajadoras. El BAM debe garantizar su participación y hacer de los derechos humanos una preocupación central de su funcionamiento, estructura y actividades, tal y como sostienen la FIDH y sus organizaciones miembros en un nuevo informe dirigido a los negociadores.
Una transición justa no se limita al BAM. En la COP31 se debatirá la Hoja de ruta voluntaria para la transición hacia la eliminación de los combustibles fósiles, así como el objetivo de la Copresidencia de aumentar la electrificación hasta el 35 % de la demanda energética final para 2035. La eliminación gradual de los combustibles fósiles y otras políticas de transición energética deben aplicarse de forma conjunta para garantizar reducciones absolutas de las emisiones, en consonancia con los datos científicos y el objetivo de no suerar los 1,5°C. Para que esto sea una realidad, los países de altos ingresos deben aumentar la financiación destinada a los de bajos ingresos.
Los Estados deben garantizar los derechos y la consulta significativa de las comunidades afectadas, desde asegurar los medios de vida en los sectores en proceso de eliminación gradual hasta reparar los daños medioambientales causados por los proyectos de combustibles fósiles. Una transición justa significa instaurar un nuevo modelo económico que respete los límites del planeta y, al mismo tiempo, garantice el cumplimiento de todos los derechos humanos.
La eliminación gradual es solo una parte de la ecuación. Los Estados también deben impedir que se acelere el «extractivismo verde» sin protecciones de los derechos humanos, que repite violaciones similares y patrones de consumo insostenibles de los combustibles fósiles del pasado. Este es el caso de muchos pueblos indígenas cuyos derechos se ven sometidos a una presión creciente debido a la carrera por los «minerales críticos» en sus territorios.
Lucha por la protección de las personas defensoras del medio ambiente dentro y fuera de la COP
Las conversaciones de Antalya también se producen casi un año después de que la defensora indígena del clima Daria Egereva fuera detenida arbitrariamente por las autoridades rusas bajo acusaciones infundadas de terrorismo poco después de regresar de la COP30. Desde entonces, permanece en prisión preventiva junto con su colega Natalia Leongardt. Ambas se enfrentan a penas de hasta 20 años de cárcel.
El caso de Egereva y Leongardt es un doloroso recordatorio de que el espacio para que las personas defensoras del medio ambiente alcen la voz y exijan medidas climáticas reales se reduce cada vez más a nivel mundial, lo que tiene un enorme coste para ellos/as y para nuestro futuro común. Esto también es cierto en la COP, donde se ha observado una tendencia a celebrar las negociaciones en países con un preocupante historial en materia de derechos humanos.
Un espacio cívico abierto debe ser una prioridad en la política climática y en su aplicación. La Secretaría de la ONU y los Estados deben manifestar tolerancia cero ante las represalias e introducir medidas de protección para las personas defensoras antes, durante y después de las COP, tal y como explican el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos de la FIDH y sus organizaciones miembros y asociadas en una nueva nota.
Un principio fundamental debe guiar todo el trabajo en Antalya: no hay justicia climática sin derechos humanos.
