El amianto en el mobiliario urbano es una amenaza poco conocida pero potencialmente grave para la salud pública y el medio ambiente. Durante décadas, muchos elementos de infraestructura urbana se construyeron utilizando materiales con fibrocemento, entre ellos cubiertas de marquesinas, bancos públicos, paradas de autobús y estructuras metálicas recubiertas con este tipo de productos por sus propiedades aislantes, ignífugas y de durabilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas estructuras envejecen, se deterioran y, en consecuencia, pueden liberar fibras de amianto al entorno.
Este tipo de mobiliario, instalado mayoritariamente en las décadas de 1960 a 1990, es aún visible en numerosas ciudades y municipios. Muchas de estas instalaciones no han sido renovadas o inspeccionadas adecuadamente desde su colocación, y permanecen activas en parques, zonas peatonales y espacios públicos. El riesgo se incrementa en condiciones meteorológicas adversas, como lluvias intensas, viento, calor extremo o heladas, que favorecen la fragmentación del material y la posible dispersión de fibras en el aire. En estos escenarios, tanto los trabajadores encargados del mantenimiento urbano como la población general pueden estar expuestos a materiales con amianto sin saberlo.
Uno de los aspectos más preocupantes es que estas infraestructuras suelen pasar desapercibidas en los censos de materiales con amianto, ya que no se consideran parte de edificios ni de instalaciones industriales. Esto dificulta su detección y retrasa las acciones de retirada, inspección o encapsulamiento. Además, por su naturaleza abierta y accesible, estos elementos están en contacto directo con la ciudadanía, incluidos niños, personas mayores y usuarios habituales del transporte público, agentes sensibles a la exposición prolongada.
Desde el punto de vista medioambiental, la degradación de mobiliario urbano con fibrocemento también representa un problema de contaminación difusa. Los fragmentos rotos o desprendidos pueden acabar en el suelo, en sistemas de alcantarillado o en el entorno natural, incrementando el volumen de residuos peligrosos sin control y afectando a la biodiversidad urbana.
Es fundamental que los ayuntamientos y entidades responsables de la conservación del espacio público evalúen el estado de estos elementos. La retirada segura de amianto debe ser realizada exclusivamente por empresas acreditadas y siguiendo los protocolos de seguridad establecidos por la normativa vigente. Además, es recomendable incluir estos elementos en los planes municipales de identificación y gestión de amianto, así como en campañas de concienciación ciudadana para informar sobre su presencia y riesgos asociados.
