2025 viene cargado de nuevos propósitos y cambios normativos sobre la gestión del amianto que supondrán una nueva forma en que los países miembros de la UE deben abordar la presencia de este material en entornos públicos. Esta revisión legislativa busca reforzar la protección de la salud de los trabajadores, los usuarios de edificios públicos y, en especial, de colectivos vulnerables como niños, personas mayores y pacientes hospitalarios.
La Comisión Europea ha señalado al amianto como una de las amenazas más persistentes para la salud en el ámbito laboral y ambiental. Aunque su uso está prohibido en la UE desde 2005, miles de edificios construidos antes de esa fecha todavía contienen materiales con amianto, especialmente en cubiertas, bajantes, revestimientos y aislamientos térmicos. Centros educativos, hospitales, residencias y edificios administrativos figuran entre las infraestructuras más afectadas.
La nueva normativa, cuyo borrador fue presentado a finales de 2023 y cuya aprobación definitiva se espera para el segundo semestre de 2025, no solo reforzará los niveles de control y seguridad, sino que establecerá nuevos valores límite de exposición profesional a las fibras de amianto. Estos valores se reducirán drásticamente, pasando de 0,1 fibras por cm³ a 0,01 fibras por cm³, lo que obligará a actualizar los procedimientos de evaluación, control y monitoreo ambiental en cualquier intervención.
Según la propuesta normativa, uno de los puntos clave será la obligación de realizar inspecciones previas exhaustivas en todos los edificios públicos construidos antes del año 2000, como condición indispensable para cualquier obra de reforma, mejora energética o mantenimiento estructural. Esta medida afectará especialmente a las iniciativas de rehabilitación energética financiadas con fondos europeos, ya que no se podrán instalar placas solares, aislamientos nuevos o sistemas de ventilación sin haber retirado previamente el amianto de manera segura.
Asimismo, se prevé la creación de censos nacionales de edificios con materiales que contengan amianto, accesibles tanto a administraciones como a empresas especializadas. Estos censos, ya en marcha en países como Francia, España o Bélgica, serán obligatorios en toda la UE antes de 2030 y facilitarán la trazabilidad, planificación y ejecución de los trabajos de desamiantado.
Para centros como colegios y hospitales, donde el riesgo por exposición es especialmente sensible, la normativa exigirá además protocolos más estrictos en cuanto a confinamiento, ventilación, señalización, y protección individual del personal que acceda a las zonas potencialmente contaminadas. Las autoridades locales deberán garantizar que todas las tareas de mantenimiento se realicen con personal autorizado y con un plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral competente.
El impacto económico de esta legislación será considerable, pero también lo será su beneficio en términos de salud pública. La Unión Europea estima que cada euro invertido en la detección y retirada segura de amianto ahorra entre 3 y 7 euros en costes sanitarios a medio y largo plazo. La normativa se presenta como una oportunidad para modernizar el parque público de edificios, reducir emisiones contaminantes, y evitar enfermedades graves como el mesotelioma, la asbestosis o el cáncer de pulmón causados por exposición al amianto.
Desde empresas especializadas como Amisur, el papel en esta nueva etapa será clave. La experiencia en identificación, retirada, encapsulamiento y gestión segura de residuos con amianto será cada vez más demandada, especialmente en entornos complejos como centros sanitarios o escolares, donde la exposición debe reducirse a cero.
2025 se presenta con una normativa más estricta, centrada en la prevención y en la protección de las generaciones presentes y futuras, exige la implicación de administraciones, empresas, técnicos y ciudadanía. La seguridad en los edificios públicos ya no será solo una cuestión estructural, sino también sanitaria y ambiental.
