La ciudad de Barcelona se prepara para una intervención crucial: la retirada del amianto presente en los edificios de la Fira de Montjuïc, con motivo del centenario de la Exposición Internacional de 1929. Esta actuación, más allá de su dimensión simbólica y patrimonial, representa una medida urgente y necesaria para proteger la salud de trabajadores, visitantes y vecinos frente a un material altamente peligroso que aún persiste en muchas infraestructuras históricas del siglo XX.
La presencia de amianto en la Fira de Barcelona y su origen histórico
Durante décadas, el uso del amianto fue habitual en la construcción debido a sus propiedades aislantes, ignífugas y de resistencia mecánica, especialmente en grandes estructuras como pabellones industriales, recintos feriales y complejos logísticos. En el caso de la Fira de Barcelona, gran parte de sus instalaciones fueron edificadas o reformadas en una época donde el amianto era considerado un material de vanguardia. Sin embargo, hoy se sabe con certeza que su manipulación y degradación suponen un grave riesgo para la salud, en especial cuando las fibras son liberadas al ambiente y pueden ser inhaladas.
Un problema de salud pública que exige intervención inmediata
El amianto, también conocido como asbesto, es un agente cancerígeno de primer nivel según la Organización Mundial de la Salud. Las enfermedades asociadas a su exposición, como la asbestosis, el mesotelioma pleural y distintos tipos de cáncer pulmonar, pueden desarrollarse décadas después del contacto con las fibras. En espacios como los pabellones de la Fira, donde el tráfico humano es constante y la actividad de mantenimiento o remodelación puede alterar materiales contaminados, la presencia de amianto representa una amenaza directa para la salud pública y la seguridad laboral.
En este sentido, la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de impulsar la retirada del amianto antes de 2029 no es únicamente una medida de conservación del patrimonio arquitectónico. Es, sobre todo, una acción preventiva en favor de la salud de miles de personas que cada año acceden a este recinto.
Retirada del amianto: normativa, seguridad y criterios técnicos
La eliminación de residuos con amianto exige una planificación rigurosa, el cumplimiento estricto de la normativa vigente y la intervención de empresas autorizadas y certificadas, como Amisur, especializadas en la gestión segura de materiales con amianto y otros residuos peligrosos. Esta intervención debe contemplar desde la identificación del tipo y estado del amianto presente (friable o no friable) hasta la contención, retirada, transporte y gestión final del residuo, todo bajo protocolos que minimicen la exposición y garanticen la seguridad de trabajadores y del entorno.
Además, es fundamental asegurar que se realice una correcta descontaminación de los espacios y un seguimiento ambiental antes, durante y después del proceso. Solo así se puede garantizar que la zona quede completamente libre de riesgo.
El reto de compatibilizar patrimonio y seguridad ambiental
La singularidad de este proyecto radica también en la necesidad de intervenir en edificios protegidos o de alto valor histórico, como los pabellones modernistas de la Fira. Por tanto, la retirada del amianto debe llevarse a cabo con especial cuidado, respetando los elementos arquitectónicos originales y coordinando estrechamente con equipos técnicos de conservación. Esta dualidad entre protección patrimonial y seguridad ambiental representa uno de los grandes desafíos actuales en la rehabilitación de infraestructuras históricas contaminadas con amianto.
Un precedente positivo para otras ciudades con infraestructuras contaminadas
La intervención prevista en Barcelona puede convertirse en un modelo de referencia para otras ciudades españolas y europeas que enfrentan el mismo problema: la persistencia del amianto en instalaciones públicas o de alto valor simbólico. Actuar a tiempo, con criterios técnicos y sanitarios claros, es la mejor garantía para evitar tragedias como las vividas en países como Sudáfrica o Italia, donde la falta de regulación y el retraso en la retirada del amianto provocaron graves consecuencias para la salud pública y un elevado coste económico a largo plazo.
